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Vista en alzada contra académica

Por Daileen Joan Rodríguez 09/25/2015 |00:00 a.m.
Dora Alves Troche, maestra de Cabo Rojo, enfrenta cargos por maltrato a menores
Luego de una pesquisa recomendaron a Educación la suspensión de empleo y sueldo por un año de la maestra, a base de la prueba. El término concluyó y la maestra regresó. (Archivo)  

Mayagüez. Luego de que la jueza Lucy Rivera Doncell determinara no causa para juicio en contra de la maestra Dora Alves Troche por maltrato a menores, el ministerio público inició ayer, una vista preliminar en alzada en la sala de la jueza Carmen Martínez Alvarado del tribunal de Mayagüez. 

El fiscal Carlos Cáceres comenzó interrogando al director de la escuela elemental Luis Muñiz Souffront de Cabo Rojo, donde Alves Troche daba clases de 4to grado en 2013 cuando ocurrieron los hechos.

El principal Richard Cruz Irizarry declaró que en agosto de 2013 se le acercó una madre preocupada por el proceso de enseñanza en el salón de Alves Troche alegando que "misis gritaba y el nene no quería ir al salón”. 

También dijo que otra maestra de Educación Especial le había indicado que estaba preocupada porque no se estaba ofreciendo los acomodos razonables. 

De ahí comenzaron las reuniones con Alves Troche para resolver el problema pero alegadamente los padres continuaban llevándole quejas, reiterando que la maestra incurría en una conducta inapropiada y que no cumplía con la debida enseñanza. 

Entre las cosas que se alegan, un padre denunció que la maestra le decía payaso a su hijo. Otra madre dijo que la maestra hacía referencia al color de piel de su hija delante del salón. “La paraba frente al grupo y le decía que era negra”, declaró el director. Trascendió que la maestra delegaba tareas de ella a los como supervisar a sus compañeros en ocasiones y que les decía que no le hicieran preguntas. 

El 3 de octubre un grupo de padres y madres solicitó una orden de protección contra la maestra, la que fue concedida por la juez Rosalinda Ruiz Ruperto del Tribunal de Cabo Rojo. Al día siguiente, la superintendente auxiliar Rosario Davis fue asignada a atender los asuntos de la escuela y ese mismo día recibió la llamada de una madre solicitándole que atendiera el problema con la maestra.

El 7 de octubre visitó la escuela para discutir el proceso con el director junto a otro personal de educación convocado para establecer un plan de inducción sobre los procesos académicos de la maestra. 

La trabajadora social del distrito educativo de Cabo Rojo le indicó que había que referir el caso a la unidad de maltrato. 

El 8 de octubre el director visitó la división legal del Departamento de Educación para llevar el caso y el  día 11 los menores fueron entrevistados uno a uno en privado por personal de la agencia en el mismo plantel. Alves Troche se quedó en el salón.

“Misis Alves solicitó que buscara a la maestra de inglés. En ese proceso voy donde Alves y me dijo que no le hablara. Me enseñó una pastilla y me dijo que si le ocurría algo yo era culpable. Me dijo que yo tenía dos hijos y que lo iba a pagar con mis dos hijos”, declaró el director. 

La superintendente auxiliar Rosario Davis fue la segunda en declarar. Esta destacó que ese día, cuando se entrevistaba a los menores, otro estudiante salió llorando del salón porque “la maestra le hablaba de manera inadecuada”. 

Para mediar con la situación se separaron los estudiantes del salón de clases y se le envió a la trabajadora social para tranquilizar a la maestra.

“Pero esta llegó de vuelta alterada llorando. Se tiró al suelo al punto que hubo que llamar al 911”, narró Davis. “Lo que me indica es que la maestra le había dicho que ella tenía la culpa”, declaró la superintendente auxiliar.

A preguntas de Primera Hora, la directora de la División Legal del DE, licenciada Verónica Borrero, aseguró que la agencia siguió el debido proceso en la investigación administrativa que llevó contra la maestra.

“Nosotros en el Departamento tenemos que tomar unas medidas de seguridad, porque las alegaciones eran de maltrato verbal  hacia estudiantes y hacia la comunidad escolar”, explicó la licenciada, señalando que como resultado de la investigación, el oficial examinador, licenciado Julio Gonzalez, recomendó al DE en julio de 2014, como medida disciplinaria, la suspensión de empleo y sueldo por un año, en base a la prueba presentada según surge del expediente. Ese término concluyó y ya la maestra regresó a impartir la enseñanza en otra escuela.

Educación contó con once declaraciones juradas de estudiantes, y testimonios de padres, madres y maestros de la escuela para ponderar su prueba, cuyos argumentos pudieron ser debatidos por la maestra con su abogado, el licenciado José Velázquez Grau.

“Nuestro análisis es que la ley se debe enmendar”, dijo el abogado, destacando que procesos como estos abren la puerta a que miles de maestros puedan ser encauzados. Reiteró que la funcionaria que refirió el caso a maltrato a menores obró indebidamente. 

“Concluimos que los padres utilizaron un subterfugio de una orden de protección para obligar a Educación para que refiriera (el caso)”, concluyó Velázquez Grau. 

La vista preliminar en alzada continúa el 29 de octubre. 

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