Entre sus vecinos del sector La Playita en Barrio Obrero, Santurce, el arresto de los agentes  provocó un sentimiento de victoria, mientras que el secretario de Justicia pidió que se acelere la pesquisa del asesinato.  

Awilda recordó, con la voz algo temblorosa, aquella noche del 26 de febrero de 2014, cuando ella y su esposo escucharon “mucho revolú” y ruidos que los despertaron.

Jorge se levantó, se puso un pantalón de jugar baloncesto y decidió salir a amarrar una perra que tenían en el patio.

Los agentes de la División de Drogas de San Juan que alegan estaban en medio de una persecución, lo vieron, le gritaron “policía” y aunque él subió los brazos, los oficiales le hicieron un disparo en la parte atrás de la cabeza y otro en un costado, relató.

El grupo de policías aseguró que se trató de un acto de legítima defensa, pero su viuda, que observaba todo por la ventana, asegura que se trató de un asesinato cruel. 

Varios días después de los hechos, al menos 12 policías fueron desarmados como parte de la pesquisa interna acerca de lo ocurrido. 

El martes, en medio de un operativo y con la admisión del superintendente de la Policía José  Caldero de que la corrupción seguía infiltrada en ese cuerpo y que haría nuevos cambios radicales, cayeron diez agentes, entre ellos el sargento Ángel Hernández Nieves, uno de los que Awilda identificó como que estuvo en medio de la escena en el patio de su casa. El mismo martes trascendió que por la muerte también son investigados los agentes Xavier Jiménez Martínez y David Centeno Faría.

“Quisiera que le dieran 99 años (de cárcel), que es lo que se paga por  matar a alguien. Él me quitó a mi esposo en ese momento y ahora  Dios está quitándole a su esposa a su marido, pero para que se quede en la cárcel”, indicó Awilda tras conocer la noticia. 

“Yo no puedo decir que me alegro de que los hayan arrestado porque yo no le deseo mal a nadie, pero siento que el tiempo me dio la razón. Esa misma noche yo le dije a él que no tenía por qué matar a un padre de familia, que él era padre de familia y que la vida se lo iba a cobrar y que yo me iba a sentar a esperar que él cayera... Cuando le dije eso él lo que hizo fue que se me echó a reír burlonamente... Él hizo eso y él tiene que pagar ”, declaró. 

Tan pronto vio cómo baleaban a su esposo, Awilda salió,   pero sus hijos se quedaron  mirando por la misma ventana.

“Cuando yo vine para acá para ver lo que estaba pasando, a ver si todavía estaba vivo porque yo lo veía brincando,  me aguantaron. Ahí una mujer policía... su cara no se me olvida jamás, me aguantó y no me dejó pasar para acá y mis hijos viendo todo por aquí (señalando la ventana). Ellos (los nenes) estaban sorprendidos. Vino el helicóptero, ellos estaban tan azorados  y (los policías) le  apuntaron a mis hijos y les decían: ‘¡métanse pa’ dentro, métanse pa’ dentro!’ con las armas afuera. Fue una cosa, de verdad, bien loca, se les fue el avión. Ellos no tenían que entrar así a ninguna residencia privada, más afuera, con armas desenfundadas”, expresó todavía con el desespero de la impotencia.

Al día de hoy sus hijos continúan bajo tratamiento siquiátrico después del impacto que les causó ese despliegue de violencia.

Aseguró que Jorge era un hombre  humilde, tranquilo, que no se metía en problemas con nadie, servicial y que nunca dudaba en hacerle un favor a quien lo necesitara.

“Él no tenía armas  de fuego, ninguna, porque él no era de tener, ni de cargar armas de fuego, una (de las razones era) porque estaban mis hijos, otra que yo no se lo iba a permitir, y otra que no era una persona de calle, ni de punto, ni de nada de esas cosas y lo cogieron ahí,  le hicieron supuestamente el alto pero yo no escuché ningún ‘alto’... él tenía sus manos así (levantadas) y como quiera él (policía)  le disparó”, dijo. 

A pesar de los arrestos, Awilda todavía siente miedo por hacer su denuncia.

“Yo no creo en la Policía. La Policía es una agencia de gobierno que  aparentemente se debe de confiar en ellos, pero, ¿cómo tu vas a confiar en una Policía o en los policías que vienen aquí te hacen un showcito, te tratan tan mal, pero te pones a escuchar las noticias y son más corruptos que los mismos del punto? No confío  en ninguno”, expresó.

Por su parte, vecinos que no quisieron identificarse aseguraron que, durante mucho tiempo,  tanto policías estatales como municipales actuaron sin control en La Playita y otros sectores pobres de Santurce, al punto de que supuestamente uno de los agentes arrestados  solía entrar sin orden de allanamiento a las casas y luego salía con  los tenis del dueño de la casa puestos.

“Aquí algunos guardias tenían mucho abuso... yo me alegro de que hayan cogido a algunos, pero faltan más”, dijo uno de los vecinos.

¿Pesquisa en el limbo?

El secretario de Justicia, César Miranda, dijo ayer que le pidió a la División de Derechos Civiles del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que acelere la pesquisa que lleva a cabo contra tres de los diez policías que se hacían llamar “Los Suricatos”  en relación a la muerte de Jorge, pero  no quiso especificar si les someterán cargos a los tres agentes sospechosos de estar involucrados en la muerte.

El funcionario manifestó que “si la prueba indica que toda la historia que se trajo (por parte de los agentes) no era la correcta y que hay otros pormenores que indiquen que se incurrió en una violación, definitivamente el caso se sometería”. 

El sargento Hernández Nieves alegó que Jorge le apuntó con dos armas de fuego. Sin embargo, desde el primer momento los familiares  denunciaron que se trató de un abuso de poder por que Jorge estaba desarmado.

“La investigación lleva mucho tiempo, y es una investigación que sigue en curso”, dijo Miranda en una conferencia de prensa en la que anunció un aumento en dinero federal para servicios directos a las víctimas de delitos. 

“Hay unas pruebas de balística que estamos esperando que el Instituto de Ciencias Forenses concluya. De hecho, estoy solicitándoles que aceleren los resultados de esas pruebas”, aseveró.

A preguntas en torno a si tienen idea de cuántas personas pueden estar presas por las acciones delictivas o testimonios falsos que prestaron estos policías, dijo que no podía dar números. 

“Estamos haciendo el análisis de la participación de ellos en las investigaciones que hemos llevado a cabo y de las que se están procesando en los tribunales”, acotó.

“A mí lo que me interesa es que los casos en Puerto Rico se atiendan bien y que a aquellos que violentan la ley  se les lleve a los tribunales y que le respondan a nuestra sociedad... Hay unas investigaciones en curso y también tendrán sus resultados”, afirmó.

Poca fe en la reestructuración

La reforma de la Policía es un fiasco; no funciona y el gobierno de Puerto Rico lo que tiene que hacer es desarticular por completo la División de Drogas de la Policía de San Juan,  porque ahí “hay bandas de delincuentes pagadas a sueldo”, reclamó  José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

“La Policía se está investigando a sí misma y eso es un insulto a este pueblo”, insistió al tiempo en que dijo que hay que fijarse en las acciones de los oficiales de alto rango “que están al lado de José Caldero”.

“Tuvo que venir el FBI a tomar cartas en el asunto porque aquí el Departamento de Justicia  nunca ha atrapado a nadie, ni para ellos nadie es culpable”, dijo al aludir a todas las denuncias de violaciones de derechos civiles de  parte de la Policía que ellos han presentado y que provocó que un tribunal federal nombrara un monitor, así como cambios en ese cuerpo.

Martiza Díaz Alcaide y Nydia Bauzá colaboraron con esta historia