La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) abogó hoy, martes, para que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de tres oficiales en la Comandancia del Área Policiaca de Ponce.

“Nos solidarizamos con los familiares de los oficiales que fueron asesinados en estas circunstancias tan trágicas. Con relación a si tiene que ver con problemas que hay con la reforma (de la Policía) es temprano emitir una conclusión, no sabemos. Primero hay que investigar las circunstancias pero a nosotros nos levantan preocupaciones porque este no es el primer incidente que ha ocurrido de esta naturaleza en el pasado”, indicó el licenciado Josué González, portavoz de la ACLU.

Los hechos ocurrieron ayer, lunes, a las 9:20 a.m. en la oficina de administración de la Comandancia de Ponce, donde, según la investigación preliminar, el agente Guarionex Candelario Rivera, adscrito al Centro de Mando, tomó de rehén y luego le disparó a la teniente Luz M. Soto Segarra, de 49 años.

Candelario Rivera también atacó a tiros al comandante Frank Román Rodríguez, de 49 años y a la agente Rosario Hernández de Hoyos, de 42. Los tres oficiales perecieron en el acto.

El teniente Javier Requena, esposo de Soto Segarra, quien labora en el tercer piso de la Comandancia de Ponce, subió al lugar del tiroteo y le disparó a Candelario Rivera alcanzándolo en el tórax y un brazo.

La Policía precisó hoy, martes, que Candelario Rivera permanece hospitalizado en condición estable.

El sospechoso del triple crimen fue desarmado en enero de este año, luego de estar sin su arma de reglamento durante diez años.

“Hay que verificar si el rearme se hizo adecuadamente, las circunstancias son bien preocupantes y nos levantan mucha suspicacia”, dijo el licenciado González, quien, a su vez, indicó que se requiere de una evaluación de las políticas de la agencia para armar y desarmar policías.

A la luz de la Reforma Sostenible de la Policía, también se tiene que detectar si hay deficiencias en el adiestramiento, el reclutamiento, la supervisión y se debe revisar si el personal está apto para realizar las funciones propias de esa profesión.

González pidió también que la investigación sea transparente, al igual que los procedimientos administrativos.

Para el portavoz de la ACLU, en esta etapa de la pesquisa todavía son más las interrogantes que las respuestas.

“La responsabilidad de los supervisores es tener el control, darle seguimiento, si ciertamente como parte reforma se ofrecen evaluaciones periódicas a los policías, hay que en el proceso reclutamiento asegurarse que los policías están aptos física y mentalmente”, observó.

La ACLU fue una de las organizaciones cuyas investigaciones sobre la corrupción policíaca y la violación de derechos civiles a ciudadanos sirvieron de base para que el Departamento de Justicia Federal sometiera una demanda contra el gobierno por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El 17 de julio del año 2013, el gobernador Alejandro García Padilla, ratificó el acuerdo para una Reforma de la Policía con el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. El Tribunal Federal asignó como asesor técnico de cumplimiento de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, quien anoche lamentó el trágico suceso en Ponce.

"En nombre de todos los miembros de mi oficina y del equipo del Asesor de Cumplimiento Técnico, le queremos expresar nuestro más sentido pésame a toda la familia de la Policía de Puerto Rico por el trágico suceso hoy en la Comandancia de Ponce. Nos unimos de todo corazón y le pedimos al Todopoderoso que nos llene de bendiciones para confrontar esta situación tan difícil", indicó en declaraciones escritas Claudio, a través del juez federal Gustavo A. Gelpí.