El alcalde de Gurabo, Víctor M. “Manolito” Ortiz Díaz fue acusado por un gran jurado federal por los delitos de extorsión y por solicitar soborno.

Agentes adscritos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron esta mañana a Ortiz Díaz en su residencia localizada en la urbanización Ciudad Jardín, de Gurabo, donde ocuparon $23,000 en efectivo.

La fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Rosa E. Rodríguez Vélez reveló, que, para octubre del 2012, el codueño de una compañía que realizaba labores para el municipio solicitó una reunión con el alcalde para discutir el pago varias facturas por una cantidad que rondaba los $200,000.

Durante esa reunión el alcalde le solicitó al contratista $125,000 para él invertirlos en un proyecto de antenas de comunicaciones y cuando éste le indicó que no tenía ese dinero disponible ya que le adeudaban mucho dinero, Ortiz Díaz, le propuso resarcir la deuda.

Con este dinero el contratista, le podría hacer el “préstamo” de $125 mil al alcalde y también tendría dinero para pagarle a sus suplidores a quienes les debía dinero.

Rodríguez Vélez, detalló que el 19 de diciembre del 2012 el contratista emitió tres cheques de su compañía todos con una fecha posterior pagaderos a diferentes personas vinculadas con Miguel Merced, quien hoy en día es un convicto federal.

Merced, explicó la funcionaria, era el promotor de un negocio de inversión en antenas o torres de telecomunicaciones en cual el alcalde quería invertir, los tres cheques que se le entregaron al alcalde que sumaron sumaron $125 mil.

Rodríguez explicó ese mismo día el gobierno municipal de Gurabo emitió dos cheques por un total de $196,643.26 al contratista por trabajos realizados, según lo acordado.

El alcalde a su vez, invirtió el dinero con el que extorsionó al contratista en lo que resultó ser un esquema Ponzi, que es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.

“Este esquema fue dirigido por Miguel Merced, quien ahora está cumpliendo una condena federal de seis años de prisión por fraude”, agregó Rodríguez Vélez.

El esquema piramidal de Merced, que estuvo en operaciones entre los años 2006 al 2013, le generó ganancias ascendentes a los $15 millones.

El individuo se hacía pasar por empleado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y convenció a muchas personas de que a cambio de una inversión de dinero la agencia federal le expediría contratos de administración de telefonía celular que les produciría mucho dinero.

Una de las personas que defraudó fue a Ortiz Díaz. El 12 de septiembre del 2014 Merced se declaró culpable ante el Tribunal Federal por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, por lo que fue sentenciado el 15 de mayo del 2015 a seis años de prisión y a tres años en libertad supervisada.

“Mientras el alcalde invirtió el dinero extorsionado al contratista A, se presentó al igual que muchos por razón de una convocatoria que se le hizo, se presentó al tribunal, como víctima en el caso de Merced. Este tipo de procedimiento lo que busca es una restitución para las personas que han perdido su dinero.

El alcalde de Gurabo, “es interesante que él fue al tribunal como víctima, pero la realidad que fueron los ciudadanos del pueblo de Gurabo los que fueron las verdaderas víctimas de este acalde que traicionó la confianza del pueblo y la confianza que le habían brindado con su voto los ciudadanos, nuevamente otro servidor público que abusa de su posición a expensas del pueblo de Puerto Rico.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, quien forma parte de un grupo anticorrupción integrado por la Oficina de la Contralora, el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal, el FBI y la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) se manifestó satisfecha con el resultado de la investigación conjunta.

“Es triste, uno quisiera que el servicio público en Puerto Rico fuera un servicio público limpio, honesto, que los servidores públicos tomaran en serio su trabajo de servir y no de servirse, pero lamentablemente siempre vamos a encontrar alguna persona que va a ser la nota discordante”, dijo Rosario.

La investigación en este caso continúa, añadió Rodríguez Vélez, quien indicó que no puede revelar

cuántas investigaciones de esta índole tienen en curso. 

“Siempre es triste cuando una persona que goza de la confianza de la gente abusa de esta confianza…el FBI va a continuar trabajando para limpiar a Puerto Rico de los funcionarios deshonestos”, expresó de su lado, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff.

La directora del Departamento de Vivienda Federal, Nadine Gurliy, sostuvo que este tipo de arresto debe servir de recordatorio al país de que van a continuar investigando aquellos que cometen fraude a cambio de lucrarse.