El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, reclamó hoy, viernes, que se desestime la orden de protección solicitada por el representante José Torres Ramírez y expedida por un tribunal el pasado 28 de octubre, tras un altercado en la plaza pública del mencionado municipio.

En una moción sometida al Tribunal de Primera Instancia en Ponce, el alcalde novoprogresista planteó que no se ha producido el acecho que le imputa Torres Ramírez, por lo que no procede la orden de protección expedida sin escuchar su versión.

El representante popular alega que Questell Alvarado lo agredió en la plaza pública de Santa Isabel el pasado 25 de octubre, pero además planteó al tribunal que al visitar ese pueblo el ejecutivo municipal lo ha insultado y amenazado de forma reiterada.

Bajo juramento, el legislador, además, señaló al tribunal que teme por su seguridad y su vida, al imputarle a Questell Alvarado amenazas de muerte. A raíz de esas alegaciones se emitió la orden de protección que ahora impugna el alcalde estadista.

Questell Alvarado expuso en la moción que antes de emitirse la orden de protección no se escuchó su testimonio en la vista efectuada ante las alegaciones de Torres Ramírez, por lo que quedó “en total estado de indefensión ante la versión unilateral y ex parte del peticionario”, aunque estaba disponible para comparecer, pero no se siguió el debido proceso de ley.

El alcalde ha sido citado a una vista en el Tribunal Municipal de Coamo, el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, en la moción reclamando desestimación, destaca que la orden de protección con vigencia de 17 días “es contraria a derecho”.

En tal sentido, argumenta que no se configura el delito de acecho alegado por el representante porque la ley vigente establece que esa conducta supone un patrón constante y repetitivo, lo cual no demostró la parte peticionaria. Torres Ramírez públicamente denunció que Questell Alvarado lo golpeó en el rostro y se publicaron imágenes con laceraciones en un pómulo, que aseguró fueron producto de la agresión.

Torres Ramírez, quien es representado por el licenciado Juan A. Medina, alega que al acudir a Santa Isabel a actividades protocolares, Questell Alvarado lo ha insultado y amenazado en eventos que se remontan desde 2010 hasta el pasado 25 de octubre, y que las situaciones han ocurrido en lugares como el parque del citado pueblo, en una agroferia y más recientemente en la plaza de recreo.

La Ley de Acecho, según citada en la moción, suscrita por el licenciado Francisco Sánchez, dispone que “es necesario que los hechos particulares sean constantes, de carácter ininterrumpido, inequívoco, repetido y con la intención de causarle temor irremediable a la persona acechada, a su familia o a sus bienes”.