Una crisis de seguridad en el país podría ser provocada por la eliminación de los beneficios adquiridos por la Policía como lo dispone, para todos los empleados públicos, el Proyecto de la Cámara 938 que se encuentra en discusión en la legislatura.

El director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) Jaime Morales, reveló que se encuentran desarrollando un plan de acción para exigirle al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez y del Senado Tomás Rivera Schatz que excluya a los miembros de la Uniformada de esa medida.

Durante una reunión encabezada por los licenciados Luis Cabán, Estéban Aguilera, Santos López Rodríguez y Miguel Rodríguez, entre otros, para delinear su plan de cabildeo mediante el cual van a reunirse, en primera instancia, con los legisladores que están opuestos al proyecto, para asegurarse de que no cambien de posición y luego con el resto del liderato legislativo en busca de que no se penalice a los policías, que según expresó Morales, “son el jamón del sándwich”.

“Es un cabildeo directo, para no solamente quejarnos por la pérdida de los beneficios adquiridos por los empleados sino demostrar que la aplicación de la ley afecta de manera directa la seguridad del país. Estamos hablando de palabras mayores”, planteó Cabán.

De su lado, Morales, sostuvo que si no los eximen trabajarán para lograr enmiendas a la ley con el fin de que el impacto económico y en su calidad de vida no sea tan grande.

“Vamos a ver si por pueden excluirlos totalmente, sino pues tratar de trabajar con algunas enmiendas que no les afecten, porque, ¿usted sabe que ahora no pueden trabajar horas extra, las pierden todas? Simplemente las pierden después de trabajar las 480 horas. ¿Qué va a pasar cuando el agente esté pensando que ya está en las 480 horas y caiga una violencia doméstica que le toma 20 horas? Simplemente espero que entre el otro turno”, cuestionó Morales.

El líder gremial a su vez advirtió que la reducción de beneficios va a redundar en un éxodo de policías del país los cuales son de fácil reclutamiento en los Estados Unidos debido al adiestramiento que poseen y más aún, bajo la Reforma Sostenible de la Policía.

Según sus estimados entre 100 a 300 policías se van a trabajar a otras jurisdicciones anualmente.

“Va a provocar el éxodo, las ausencias, eso va a ser terrible para Puerto Rico en estos momentos de tan alta incidencia criminal y obviamente con tantas manifestaciones que vamos a tener por todas esquinas. Así que el Gobernador debe pensar que esto no es calidad de vida”, sentenció Morales.

También alertó al gobierno sobre el problema que ocasionaría esta ley en el reclutamiento de nuevos agentes para la Uniformada, porque ante la falta de incentivos solo van a ingresar prospectos sin vocación, solo por recibir un sueldo porque no han conseguido trabajo ejerciendo otra profesión.

“Es un cabildeo directo, para no solamente quejarnos por la pérdida de los beneficios adquiridos por los empleados sino demostrar que la aplicación de la ley afecta de manera directa la seguridad del país. Estamos hablando de palabras mayores”, 

El proyecto 938 es parte del paquete de medidas que presentó el Ejecutivo para reducir gastos gubernamentales por $1,623 millones a solicitud de la Junta de Control Fiscal.

La aportación patronal al seguro médico que podría reducirse a $100 y el hecho de que la medida priva a los trabajadores de unos beneficios de forma definitiva, han sido los dos puntos de conflicto que mantienen la medida sin los votos necesarios para su aprobación.