Al rechazar una petición de reconsideración, el Tribunal de Apelaciones mantuvo su determinación de conceder un juicio nuevo al exguardia de seguridad, William Rodríguez, quien había resultado convicto de un cargo de agresión sexual contra una estudiante estadounidense que estaba en la Isla en un programa de intercambio.

En una resolución dividida del 24 de enero, el panel compuesto por los jueces Carmen H. Carlos Cabrera, Roberto Rodríguez Casillas y Migdalia Fraticelli Torres declaran no ha lugar a las mociones de reconsideración y de paralización del juicio nuevo que presentó el Departamento de Justicia.

El juez Rodríguez Casillas, según la resolución, favoreció reconsiderar y paralizar los procedimientos, que debían comenzar el 27 de enero.

A pesar de esta decisión, la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, no empezó el juicio el 27 debido a otra orden de paralización, que a su juicio, está vigente desde septiembre pasado cuando Justicia recurrió la determinación del Tribunal de Primera Instancia, explicó a este medio el licenciado Eduardo Otero Ortiz.

Debido a esta alegada falta de jurisdicción, la jueza Durán Guzmán pidió al abogado defensor que solicite al Tribunal de Apelaciones que levante la paralización.

El abogado señaló que aunque no comparte la interpretación de la magistrada esta semana someterá una moción para que el Apelativo emita el mandamiento de continuación de los procedimientos.

Apuntó que con esta orden la jueza podrá atender el recurso de hábeas corpus, que la jueza rechazó conceder al exguardia de seguridad.

Un hábeas corpus es un recurso extraordinario que se presenta para la excarcelación de una persona detenida.

En dos ocasiones, después de la anulación de la convicción, Otero Ortiz presentó un recurso de hábeas corpus para que Rodríguez argumentando que el hombre ha estado preso más allá del tiempo establecido en Ley para la celebración de un juicio.

La Constitución de Puerto Rico establece que ninguna persona podrá permanecer encarcelada más de seis meses, o 180 días, sin ser llevada a juicio.

Rodríguez lleva sobre 200 días preso.

Otero Ortiz, además, indicó que durante la audiencia celebrada esta semana el Ministerio Público adelantó que acudirá al Tribunal Supremo para recurrir la determinación.

Por ello, la jueza Durán Guzmán pautó otra vista sobre el estado de los procedimientos para el 27 de febrero.

En mayo pasado, Arias Maldonado concedió la petición de nuevo juicio luego que defensa argumentó que la alegada perjudicada "omitió su motivación económica y pecuniaria en el caso".

También alegó que debió haber contado con la información de la demanda civil incoada por la joven inmediatamente después del veredicto de culpabilidad para indagar sobre este asunto frente al jurado, que encontró a su cliente culpable.

En su resolución, Arias Maldonado consignó que durante el juicio la defensa y el Ministerio Público preguntaron en múltiples ocasiones a la perjudicada si tenía intensión de demandar civilmente por este caso, si tenía representación legal civil y si había estado acompañada en sala por algún abogado de práctica civil.

La joven respondió que no en todas las ocasiones.

Sin embargo, el 18 de marzo de 2013, el abogado Ricardo Casellas presentó ante el Tribunal Federal una demanda de daños y perjuicios a nombre de la joven y sus progenitores reclamando una indemnización de $4,.7 millones.

La demanda se radicó contra Win Access, Inc., el Consejo de Titulares Ashford Imperial y Sea Breeze Apartments Rentals, Inc.