El superintendente de la Policía, José L. Caldero López, informó  que puso en vigor un plan de acción para corregir fallos detectados por una auditoría de la Oficina de Contralor.

La agencia fiscalizadora señaló que la Policía de Puerto Rico llevó a cabo compras sin subastas mediante la modalidad de emergencia sin justificación. 

Caldero López aseguró en declaraciones escritas que se atemperó el Reglamento de la Oficina de Compras de la Policía a las nuevas leyes y reglamentos aplicables. 

Según la auditoría en los años fiscales 2012 y 2015 se emitieron 22,589 órdenes de compra por la cantidad de $319 millones. Una muestra analizada por la Oficina del Contralor evidenció que en un 15% de los trámites se obvió el proceso de subasta sin justificación. Además, el 11% de las órdenes de compra se realizaron mediante la modalidad de emergencia, aunque la explicación de la requisición no lo justificaba.

Esta situación impide a la Junta de Subastas obtener mejores oferta y resta confiabilidad al proceso, agregó la Oficina del Contralor en su informe sobre la auditoría a la Policía. 

En declaraciones escritas, Caldero López sostuvo que varios días después de asumir el cargo directivo de la Policía, el 23 de abril del 2014, recibió la visita de auditores que le notificaron sobre la investigación. Indicó que les solicitó que se extendiera el periodo auditado para que cubriera parte de su administración.

“He impartido directrices a los funcionarios y empleados para que ejerzan de acuerdo a las leyes y reglamentos un Plan de Acción para la corrección de los hallazgos presentados. Actualmente se está trabajando con las correcciones de conformidad con las recomendaciones impartidas por la Oficina del Controlador”, declaró Caldero López. 

Según la auditoría, entre el 10 de junio del 2013 y el 14 de abril del 2014, mientras Héctor M. Pesquera y James Tuller, eran superintendentes, se obvió el proceso de subasta para la compra de una impresora de rótulos a un costo de $25,383 y vacunas por la suma de $25,750. Las cotizaciones para las compras se les pidieron a proveedores que no ofrecían el artículo solicitado.

La ley establece que toda adquisición de bienes y servicios que exceda los $25,000 deben referirse a la Junta de Subastas. También deben referirse a la junta proyectos de construcción o mejoras que sobrepasen los $10,000.

La auditoría también detectó que la agencia adquirió coronas, placas, colchones, capas para protegerse de lluvia, generadores eléctricos, vehículos, municiones, caballos y pistolas electrónicas tipo “taser” sin mediar procesos de subasta.

Además, la Oficina del Contralor señaló que de una asignación legislativa de $115,000 para mejoras en varios cuarteles se pagó por trabajos que no realizados.

Al completarse la auditoría, también se le recomendó a la Policía tener más control en la emisión de los sellos de Rentas Internas para la compra de certificados de antecedentes penales.