La jueza Eloina Torres Cancel, del Tribunal de San Juan, encontró hoy causa para arresto contra dos jóvenes que participaron en la manifestación del 23 de abril en el Capitolio -que repudiaba recortes en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y abogaba por la auditoría de la deuda- por cargos relacionados con daño agravado a la propiedad pública.

Durante la vista de Regla 6 en alzada, a Josué Román Figueroa y a Adriana Quiles Méndez se les impuso $5,000 de fianza a cada uno por violación al Artículo 199 del Código Penal que trata de daño agravado a propiedad pública. A Quiles Méndez -estudiante de Psicología y Sociología en el Recinto de Río Piedras de la UPR- se le impuso  $5,000 adicionales por el cargo de violación al Artículo 245 del Código Penal que trata sobre obstrucción con violencia a la autoridad pública.

Para el padre del acusado, Pedro Román, la decisión de la jueza “no es para nada agradable”. Pero, agregó, “lo apoyamos 100 por ciento. Estamos con él”. A su madre, Antonia Figueroa, la decisión le causó indignación, dijo. “Esto es una persecusión política, un carpeteo”, aseguró. 

Se anticipaba por las partes que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio iba a diferir la fianza.

Al dúo también se le impuso condiciones especiales que incluyen estar en la casa desde las 8:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana, no  ingerir  bebidas alcohólicas y no estar con personas de dudosa reputación. 

El ministerio público, representado por Jorge Carrión Ramos, presentó evidencia suficiente -lo que se conoce como cintilla de evidencia en esta etapa del proceso judicial- para probar que Román Figueroa  escribió con pintura rosa en aerosol las palabras “O'Neill violador” en una pared de mármol ubicada  en la Plaza San Juan Bautista, que queda al frente de las  escalinatas norte del Capitolio. También se le imputa a Román Figueroa -representado por el licenciado Jorge Gordon Menéndez- haber escrito la palabra “Auditoría” en otra área cercana al lugar. La Fiscalía alega que  ambos, quienes estaban  encapuchados,   actuaron en concierto y común acuerdo. El joven ha estado matriculado en el recinto de Mayagüez de la UPR, pero no este semestre, dijo. 

Según el fiscal Carrión Ramos, la “libertad de expresión es expresión oral y uno puede hacer expresión artística, pero no puede ser la libertad de expresión óbice para cometer delitos. Si uno se está expresando libremente y lo que está expresando es la opinión de uno, ¿por qué uno tiene que taparse el rostro para cometer delitos, para dañar propiedad? No es necesario porque entonces ya no es libertad de expresión, ya está cometiendo delito”, dijo el fiscal. 

La prueba del ministerio público recayó sobre cuatro agentes de la Policía que identificaron a los acusados tras  descubrirse el rostro, durante el periodo que duró la vigilancia que tuvieron sobre estos    mientras estaban encubiertos (sin mostrar sus identificaciones). Estos fueron: Luis Santiago Malavé, Israel Román, José Torres y Stephanie Alvarado.

La última testigo, Alvarado, está relacionada con la violación  al Artículo 245 que se le imputa a Quiles Méndez -representada por el licenciado Orlando Cameron Gordon- por presuntamente haberle dado un puño en su hombro izquierdo y rociarle gas pimienta durante su arresto. 

Cameron Gordon dijo a su salida de la sala que “independientemente de que los elementos del delito puedan estar en la prueba, la realidad es que la prueba es contradictoria en algo esencial y es en los motivos fundados que alegadamente tienen los agentes para arrestar por lo menos a mi representada”.