Guayanilla. El juez Carlos Quiñones Capacetti encontró causa para juicio en un cargo menos grave de obstrucción a la justicia contra José Manuel Díaz Pérez, quien fue arrestado la semana pasada en una protesta contra el depósito de cenizas de carbón.

El juicio contra el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa será el 12 de agosto a las 8:30 a.m.

Mientras, el juez no halló causa por el mismo cargo contra el biólogo Luis Enrique Martínez Acosta, quien también forma parte del Campamento contra las cenizas de carbón.

También se supone que hoy se viera la vista de causa para juicio contra Orlando Flores y Carlos Mario García Berríos, pero estos fueron arrestados en la manifestación de esta mañana y no fueron llevados a Guayanilla. Estaban con otros 15 hombres detenidos en el cuartel de Yauco.

“Nos toca nuestro día en corte y vamos a estar aquí para probar que nosotros estamos haciendo el derecho a la libre expresión, mucho más cuando se está lacerando la voluntad del pueblo puertorriqueño que es no permitir que se siga depositando este veneno en nuestros patios y nuestras casas”, sostuvo Díaz Pérez.

Martínez Acosta, por su parte, dijo que este procesamiento no amilanará su participación en las actividades del campamento.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo voluntario a beneficio de las comunidades marginadas y pobres del país y vamos a seguir haciéndolo. Creemos que la defensa de los recursos naturales, la salud y la calidad de vida de los residentes de Tallaboa Encarnación y Seboruco es muy importante, y las cenizas de carbón son un atentado a todos esos derechos”, expresó Martínez Acosta, un biólogo que colabora con la comunidad.

Las vistas de Regla 6 se vieron en privado ante el juez Quiñones Capacetti, contrario a las de febrero de este año –también contra manifestantes arrestados en Peñuelas- que fueron abiertas al público y la prensa por instrucción de la jueza Adria Cruz Cruz.

Resalta el hecho de que un grupo de alguaciles se apostó en el portón de entrada del tribunal e impidió el acceso de público general a las áreas verdes y bancos de esta instalación pública.

El alguacil Rafael Santiago, quien labora en el tribunal de Ponce, dijo a Primera Hora que “tenemos instrucciones de que solo pueden pasar las personas citadas, sus abogados, los agentes y la prensa”. Esto, alegó, porque había poco espacio en la sala, querían tener control y “evitar situaciones”.

Al preguntarle si la instrucción venía de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), respondió en la afirmativa. Sin embargo, Ileana Báez, portavoz de la OAT, dijo que esa no fue una directriz impartida por esta dependencia.

“Se hizo un plan de trabajo con ciertas medidas para darle prioridad a unos casos. Eso (negar el acceso al público general) no formaba parte de las medidas, sino que fue una confusión en la implementación del plan”, dijo Báez.