El exsenador novoprogresista Antonio Soto Díaz y su esposa Agnes Lopés Santiago no reportaron un ingreso aproximado de $481,000 en sus planillas de los años 2009, 2010 y 2011, afirmó hoy, jueves, el agente especial fiscal Carlos Laracuente Gierbolini.

Ante el juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, el funcionario del Departamento de Hacienda explicó que calculó esta cifra al comparar los ingresos reportados en las planillas de contribución sobre ingresos de la pareja con los depósitos a sus cuentas bancarias.

En un testimonio fragmentando y confuso, que requirió de la intervención del magistrado para aclarar varias respuestas, Laracuente Gierbolini indicó que esa "omisión" en ingresos que detectó provenía de una cuenta del Banco Popular que estaba a nombre de Lopés Santiago y de su hija Gladimar Soto Lopés.

"Según la investigación que hice son depósitos en efectivo, en su mayoría", afirmó el testigo en la continuación de la vista preliminar que se sigue contra la pareja por tres cargos de evasión contributiva.

En otra cuenta del Banco Popular, que aparecía a nombre de Soto Díaz, conocido como "El Chuchin", solo aparecían los ingresos que generaba el hombre como senador por el Distrito de Guayama.

Durante su testimonio, el agente adscrito a la División de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda, no mencionó si analizó cuentas de ahorros o cuentas corrientes. Tampoco entró en los detalles de las transacciones que analizó para alcanzar su conclusión.

A preguntas del fiscal especial independiente Manuel Núñez Corrada, ofreció un testimonio resumido en el cual indicó que para el año 2009 la pareja reportó al Departamento de Hacienda ingresos de $73,775 y recibió reintegro de $670.

Pero según su investigación, el ingreso real ascendió a aproximadamente a $245,000, o sea que la pareja falló en reportar unos $171,000.

"¿Cómo llegó a la cifra del ingreso bruto?", preguntó el fiscal.

"Por la suma de todos los depósitos de todas sus cuentas", respondió el testigo.

"¿Cómo llega a la omisión?", volvió a indagar Núñez Corrada.

"Por la diferencia entre los ingresos brutos ajustados y el salario que recibió de $73,775", contestó Laracuente Gierbolini.

En el 2010, según el testigo, la pareja informó ingresos de $73,776 y recibió un reintegro de $1,947 cuando debió haber reportado ingresos aproximados de $285,000.

"La omisión (de $211,000) surge de la cuenta de Gladimar Soto Lopés y Agnes Lopés Santiago", indicó el testigo.

En el 2011, año en que Chuchin renunció a su escaño, la pareja informó $52,257 en ingresos y recibió un reintegro de $4,902 cuando debió haber reportado ingresos brutos de aproximadamente $151,000, según se alega.

Laracuente Gierbolini indicó que en los años 2009 y 2010 la pareja reclamó a Gladimar como dependiente, pero para el 2011 ya no aparecía como dependiente.

Señaló también que en las planillas Soto Díaz se identificó como legislador, mientras que su esposa señaló que era ama de casa.

Durante la audiencia el licenciado Carlos Torres Nolasco objetó que el fiscal especial independiente Núñez Corrada realizara preguntas al testigo sobre Lopés Santiago por falta de jurisdicción, pero luego de un intercambio ante el estrado del magistrado desistió de la objeción.

Los fiscales especiales independientes Emilio Arill García y Núñez Corrada y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, representan al Ministerio Público en este caso. Pero solo Núñez Corrada realizó preguntas en el turno del directo.

La vista preliminar continúa el 12 de septiembre a las 10:00 a.m. Ese día la defensa compuesta por los abogados Pablo Colón Santiago, José Torres Nolasco y Carlos Torres Nolasco tendrán su turno para confrontar al testigo.

Esta semana Soto Díaz se allanó a una determinación de causa para juicio por tres infracciones a la Ley de Ética Gubernamental que pesan en su contra.

Estos tres cargos por violación al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental responden al supuesto incumplimiento o a la falsificación de información en los informes que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como senador.

En proceso separado, el controvertible exsenador del penepé enfrenta otros 26 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y de falsificación ideológica.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.