Transcurridos cuatro meses de la guerra generada por rivalidades del bajo mundo entre pandillas de los residenciales Jardines de Monte Hatillo y Jardines de Berwind, en Río Piedras, la Policía dio por finalizado a comienzos de enero el plan de ocupación en la zona.

El superintendente de la Policía, José L. Caldero López, había impartido instrucciones el 4 de septiembre de 2015 para que agentes se instalaran en el complejo de Monte Hatillo y áreas adyacentes. Su determinación ocurrió luego de que se registraran, durante dos días consecutivos, balaceras de fuego cruzado entre ambos complejos de vivienda pública. Como consecuencia, quedaron atrapados decenas de automovilistas que transitaban de noche por la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. 

El plan era supervisado por coroneles en turnos rotativos y directamente por Caldero López, quien casi a diario, en horas de la noche, caminaba por los sectores en conflicto para conversar directamente con los residentes sobre los problemas que les inquietaban.

Por su parte, el jefe de la comandancia de área de San Juan, el coronel Leovigildo Vázquez Bonilla, indicó que en la zona permanecerá vigente un plan de patrullaje preventivo para evitar este tipo de brotes de violencia que afecta a toda la comunidad, incluyendo a las escuelas públicas del sector.

“Se tomó la decisión porque las medidas de seguridad que tomamos surtieron efecto. No se han escuchado más tiroteos”, aseguró el funcionario. Además, subrayó que desde el mes de noviembre no han surgido incidentes violentos o de confrontación entre las partes en conflicto.

Las luchas de poder entre bandos rivales del residencial Monte Hatillo y las torres de los condominios Berwind, en Río Piedras, se generaron por actos de venganza vinculados con el crimen de Héctor Nussa Román, de 27 años. Este fue asesinado el 31 de agosto de 2015 en la avenida Montecarlo, aledaña al caserío. El individuo había sido identificado por la Policía como el hermano de uno de los presuntos líderes del control de los puntos de drogas en el residencial, quien juró venganza.

Insuficiente la ocupación

La intervención policíaca no fue suficiente para detener los asesinatos. El 19 de octubre, Víctor A. Torres Aponte, de 19 años, fue asesinado en la cancha de baloncesto del residencial, donde días antes se había llevado a cabo una actividad de confraternización entre vecinos de la comunidad y miembros de la Uniformada. Las autoridades alegaron que el occiso era sospechoso de varios crímenes en el sector. El crimen obligó a Caldero López a reevaluar el plan de seguridad.

El 2 de noviembre, en horas de la tarde, fue ejecutado en el patio del edificio 35 del residencial Michael Junior Sánchez García, de 27 años, conocido por los apodos de Siete y Bolillo, quien era vecino de la urbanización Levittown, en Toa Baja. Los patrulleros asignados a la vigilancia escucharon las detonaciones, pero no lograron alcanzar al gatillero. El motivo del crimen también se relaciona, al igual que los anteriores, con el trasiego de drogas.  

Según el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de San Juan, el comandante Julio Marcano, los casos no han sido esclarecidos aún, pero las pesquisa de estas muertes están bien adelantadas, incluyendo la de otro crimen reportado el 3 de noviembre en el sector Los Chatos del barrio Santo Domingo, en Río Piedras. A pesar de que no ocurrió en los predios del residencial ocupado, la investigación apunta a que este asesinato está ligado con los otros crímenes.

El coronel Vázquez agregó que, como parte de las medidas preventivas, está trabajando en la creación de un Consejo de Seguridad Vecinal con el apoyo del personal de la Liga Atlética Policíaca, unidad que ya se ha integrado a varias iniciativas comunitarias en favor de la seguridad de los residentes y para el desarrollo de actividades deportivas.

“Vamos a continuar desarrollando esfuerzos comunitarios. Se iniciaron conversaciones con la Administración de Vivienda Pública para mejorar las áreas comunales con alumbrado. Nuestro compromiso sigue siendo con la comunidad. Hay muchos jóvenes enfocados en los deportes y el boxeo”, estableció el coronel. 

El plan de trabajo tuvo como resultado los arrestos de 17 personas por la posesión de armas ilegales y sustancias controladas.

De acuerdo con las estadísticas que fueron presentadas por el coronel Vázquez Bonilla, como producto de estas intervenciones y de hallazgos, se ocuparon 530 envolturas con cocaína, 162 bolsitas con marihuana, 147 cápsulas de crack y 82 pastillas de medicamentos controlados.

Además, se ocupó un rifle AK-47, cuatro pistolas de calibres .45, .40. y nueve milímetros, y una con la serie mutilada. Además, 671 municiones de diferentes calibres y 39 cargadores de balas. 

El Negociado de Patrullas de Carreteras informó por su parte que, como parte del plan de trabajo, se expidieron 5,359 boletos por violaciones a la Ley de Tránsito. La mayoría de las intervenciones se efectuaron contra conductores o pasajeros que no utilizaban el cinturón de seguridad, por rebasar el semáforo en rojo, por tener un tinte de transmisión visible de luz en los cristales más oscuro del permitido por la Ley de Tránsito, por manejar utilizando un celular, y por transitar por el paseo de emergencias.

Cabe destacar que el cuartel que por años estuvo ubicado dentro del residencial Monte Hatillo fue trasladado a otras instalaciones desde el mes de agosto de 2012, precisamente, por razones de seguridad.