El exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, informó anoche a la jueza federal Carmen C. Cerezo que tiene la intención de hacer alegación de culpabilidad en el caso en su contra.

A pesar de que la moción del abogado Rubén Morales está sellada, de la misma se refleja que es una moción para hacer cambio de alegación, dado a que el 10 de julio pasado, cuando el acusado fue arrestado, se declaró no culpable.

Cerezo determinará más adelante cuándo se señalará la vista.

El exejecutivo municipal del Partido Popular Democrático (PPD) renunció el pasado 2 de septiembre, casi dos meses después de ser arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por cargos de soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia. Desde entonces, está detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, Rivera Correa, de 61 años, recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como "Contratista A".

Los pagos tenían la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos era de inspección de trabajos de construcción por $98,000 y otro por $171,000 e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

Se alega que intentó extorsionar al contratista -cuyas conversaciones fueron grabadas- y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con él.

Los cargos por obstrucción a la justicia son por supuestas amenazas que hizo al empresario en conversaciones grabadas, en las que trata de detenerlo de hablar con las autoridades y declarar ante un gran jurado.

Al momento de su renuncia, estaba suspendido de su puesto por orden del Panel del Fiscal Especial Independiente por imputaciones con programas que reciben fondos federales.

El coacusado en este caso es el abogado Alejandro Gabriel Carrasco Castillo, quien era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos. Enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. Se alega que solicitó pagos al contratista en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.