Por segunda ocasión, la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, rechazó dejar en libertad al exguardia de seguridad William Rodríguez mientras espera por la celebración de un nuevo juicio.

Un jurado encontró a Rodríguez culpable de agredir sexualmente a una estudiante estadounidense, pero el juez Enrique Arias Maldonado le concedió una petición de nuevo juicio tras determinar que la alegada víctima ocultó información durante el proceso criminal.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de Arias Maldonado, pero el Procurador General solicitó una reconsideración, que todavía está pendiente a resolverse.

Ante esta situación, Durán Guzmán argumentó que la resolución de juicio nuevo no era final y firme, y que no procedía conceder el recurso de hábeas corpus solicitado por el abogado Eduardo Otero Ortiz.

"En derecho entendemos que el planteamiento no está maduro", afirmó la magistrada durante una breve audiencia esta mañana.

Rodríguez esposado al lado de su abogado seguía la explicación de la jueza, quien no permitió al abogado defensor realizar una reconsideración oral.

Durán Guzmán señaló que la defensa y el Ministerio Público, representado por la fiscal Germaine Báez Fernández, podrán someter sus planteamientos de derecho por escrito.

A su salida del salón de sesiones, el licenciado Otero Ortiz discrepó de la determinación de la magistrada.

Planteó que la convicción de Rodríguez, quien lleva 211 días preso, se anuló cuando se concedió la petición de nuevo juicio.

"El lleva más de 180 días preso sin que se celebre un juicio", apuntó el abogado.

La Constitución de Puerto Rico establece que ninguna persona podrá permanecer encarcelada más de seis meses, o 180 días, sin ser llevada a juicio.

Otero Ortiz también apuntó que tampoco queda pendiente la lectura de sentencia.

El exguardia de seguridad nunca fue sentenciado porque el juez Arias Maldonado concedió la petición de nuevo juicio antes de dictar sentencia.

El nuevo juicio de Rodríguez está pautado para empezar el 27 de enero ante la jueza Durán Guzmán.

En mayo pasado, Arias Maldonado concedió la petición de nuevo juicio luego que defensa argumentó que la alegada perjudicada "omitió su motivación económica y pecuniaria en el caso".

También alegó que debió haber contado con la información de la demanda civil incoada por la joven inmediatamente después del veredicto de culpabilidad para indagar sobre este asunto frente al jurado, que encontró a su cliente culpable.

En su resolución, Arias Maldonado consignó que durante el juicio la defensa y el Ministerio Público preguntaron en múltiples ocasiones a la perjudicada y testigo principal si tenía intensión de demandar civilmente por este caso, si tenía representación legal civil y si había estado acompañada en sala por algún abogado de práctica civil.

La joven respondió que no en todas las ocasiones.

Sin embargo, el pasado 18 de marzo, el abogado Ricardo Casellas presentó ante el Tribunal Federal una demanda de daños y perjuicios a nombre de la perjudicada y sus progenitores reclamando una indemnización de $4.7 millones.

En la demanda se radicó contra Win Access, Inc., el Consejo de Titulares Ashford Imperial y Sea Breeze Apartments Rentals, Inc.

En su escrito, el juez Arias Maldonado recordó que la defensa había presentado un recurso sobre este escenario durante el proceso criminal.

También explicó que el juez de vista preliminar, Enrique Silva Avilés, hizo una anotación de que la joven estaba acompañada en sala por el licenciado Casellas. En aquel momento, se indicó que Casellas se encontraba con la perjudicada porque era amigo de sus progenitores.

"A la luz de los hechos del presente caso, nos parece que de haberse contado con esa nueva evidencia, ello pudiera haber dado el espacio que exige el debido proceso de ley para que la defensa tratara de establecer una motivación particular de la víctima en el resultado del caso criminal. Dicha parte debe poder tratar de establecer ese hecho principal ante el juzgador. El no haberlo podido hacer, macula el proceso y socava su confiabilidad y su resultado", sentenció el juez Arias Maldonado.

"Más aún, que de los hechos surge que la testigo principal, estudiante universitaria, omitió revelar el hecho de su interés pecuniario en el caso, lo cual puede representar una motivación especial y parcialidad", agregó.