Según el sociólogo Manuel Torres Márquez, la suma de estos delitos lo lleva a apuntar que, “cuando una sociedad comienza a demostrar que dentro del escenario de manifestaciones de la violencia el valor de una vida podría medirse por el valor de una bala, es decir, que tiene el valor de una bala, es cuando una sociedad empieza a demostrar que vive dentro de un problema serio de salud mental”.

Indicó que otro asunto que sale a la superficie es la falta de tolerancia. “Tenemos la mecha muy corta en términos de niveles de tolerancia, capacidad de diálogo y autocontrol”, expuso. “La violencia contenida y expresa se está manifestando en casos como este”, agregó.

 Además mencionó que la crisis económica y fiscal -adicional a la condición colonial, que ha generado la acumulación de estresores que incrementan la espiral de violencia-, incide en una “serie de desequilibrios mentales” y esa mecha corta. “La crisis económica y fiscal multiplica los estresores en el individuo y la familia. Nosotros somos como una olla de presión en muchos de los hogares y lugares de encuentro y convivencia social o laboral”, expuso.

Agregó que esos estresores económicos, así como los sociales, van a seguir generando manifestaciones de violencia en esos espacios, pero “¿dónde está el plan de acción integral de salud mental en Puerto Rico?”. 

En este contexto, los casos como el del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, tienen que llevarse “hasta las últimas consecuencias” porque cuando los “ciudadanos vemos que hay impunidad en delitos graves que cometen funcionarios públicos, podríamos llegar a pensar que podemos violar la ley y evadir responsabilidades porque ese es el modelaje que estamos recibiendo”. 

A ese dato se le agrega la necesidad de que la justicia sea igual para todos, de currículos en los centros educativos sobre paz y convivencia cívica, y de iniciativas multisectoriales dirigidas al modelaje de la convivencia cívica y la divulgación y práctica de derechos y deberes.