Frente al reciente revés judicial que recibió la Fiscalía Federal en su intento por obtener una sentencia de muerte para el gatillero Alexis Candelario Santana, los representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos nuevamente solicitarán mañana, lunes, la pena capital para Lashaun Casey.

A pesar de las opiniones expresadas por conocedores del tema sobre la aparente imposibilidad de que un jurado puertorriqueño emita la controvertida sentencia, ya sea por razones religiosas o culturales, la abrumadora mayoría de votos de los ciudadanos a favor de la aplicación del ajusticiamiento del acusado tanto en el caso de Candelario Santana como el penúltimo último juicio de pena de muerte que culminó en septiembre de 2012 contra un empresario acusado por la muerte de informante de la Administración Federal Antidrogas (DEA) parece poner en entredicho dicha teoría. Los veredictos en ambos casos fueron de 11 a 1 a favor de la pena capital y, aunque se requiere una unanimidad del jurado para emitirse la sentencia, no cabe duda que los ciudadanos que componen los paneles en el foro federal están más que abiertos a la idea.

Ante este panorama, según observó un editorial del New York Times el pasado febrero, se suma la arbitrariedad con la cual se podría aplicar la pena en el caso de Casey. Aunque en términos estrictamente legales cada caso se debe evaluar de manera individual, el juicio de Casey se analiza bajo la disparidad con la cual se emite la sentencia en EE.UU. particularmente contra grupos minoritarios. 

“Lo terrible del caso de Lashaun Casey es que la misma Fiscalía Federal solicitó que se decertificara el caso. Pero no se quitó la certificación. Hay unos casos que cumplen con los criterios (de las autoridades federales) para la pena de muerte pero que por alguna razón u otra no lo son. Ahí entra la arbitrariedad”, indicó Mariana Nogales, portavoz de la Coalición Puertorriqueña en Contra de la Pena de Muerte, una organización compuesta por grupos cívicos y religiosos. 

La entidad encabezará mañana, lunes, una conferencia de prensa en que se anunciarán sus estrategias de cabildeo en contra de la aplicación de la pena capital en Puerto Rico. El grupo coordinará, además, una vigilia que se convocará diariamente hasta que concluya el proceso de penalidad en el caso de Casey.