Una empresa le reclamó al Departamento de Salud la paralización del proceso para poner en vigor  el sistema de rastreo del cultivo de cannabis medicinal en la Isla.

La exigencia fue expuesta en una moción de reconsideración presentada por la compañía MJ Freeway LLC.

La petición procura impugnar la participación de BioTrackPR, entidad a la que el 4 de agosto se le otorgó la subasta para encaminar el sistema de monitoreo, que supone regular desde el inventario de semillas hasta su producción y expendio final, según las regulaciones aprobadas aquí.

MJ Freeway, una de las empresas que compitió con BioTrackPR en la citada subasta, pero no resultó seleccionada, pide la paralización con una alegación relacionada al menor postor y otra que alude a  antecedentes penales de uno de los directivos de la entidad.

Mayra Maldonado, asesora legal del Departamento de Salud, confirmó la presentación de la moción y precisó que la oficial examinadora Wendy Sastre concedió un término de 10 días a la agencia estatal para que responda a los planteamientos de MJ Freeway.

Maldonado aclaró que el tema de la reconsideración es un asunto que se atiende de forma separada al proceso para recoger insumo  sobre el Reglamento 8766, aprobado 8 de julio pasado, por el Departamento de Estado, para encaminar el expendio regulado de cannabis medicinal en la Isla.

Ese proceso, que consiste en una serie de audiencias a cargo de la oficial examinadora Alexandra Rodríguez, culmina hoy  en la sede del Departamento de Salud.

Al culminar estas vistas podrían recomendarse enmiendas al reglamento, producto de planteamientos diversos expuestos ante Rodríguez.

Sobre la moción de reconsideración, MJ Freeway expone en ese escrito que BioTrackPR obtuvo indebidamente su certificación de inscripción en el Registro Único de Licitadores (RUL), requisito clave para optar por presentar una propuesta al gobierno y optar por la subasta, porque mintió en la información provista.

La entidad se refiere a que su competidor entró al RUL “no empece a que Steven C. Siegel, fundador y CEO de Bio-Track Medical Software, Inc., compañía incorporadora y matriz de BioTrackPR, resultó convicto y cumplió cárcel a nivel federal por delitos de fraude y lavado de dinero”.

La parte que exige reconsideración presentó el 10 de junio una querella en la Oficina del administrador de la Administración de Servicios Generales solicitando la suspensión y revocación de la certificación del RUL, calificada de fraudulenta, ante las convicciones de Siegel por tratarse de delitos incluidos en la Ley 458-2000, como apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades, preparación y presentación de escritos falsos, y falsificación de documentos.

Esta ley establece como causales para suspender a un licitador en el RUL que este haya sido convicto de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos.

“Las convicciones criminales previas del Siegel impedían la emisión de esa certificación, y la solicitud proyendo información falsa constituye otro acto delictivo tipicado en nuestro ordenamiento como perjurio”, argumentó MJ Freeway.

Salud tiene hasta el viernes para responder a la moción.