Con una lectura de la definición del delito de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, el fiscal Alberto Valcárcel Ruiz inició hoy en la tarde su alocución final en la vista para determinar causa para arresto en alzada que se sigue contra José Pérez Canabal, exvicepresidente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Pérez Canabal, su contable Roberto Torres Torres y el licenciado Francisco Santos Rivera, del Directorado de Asuntos Jurídicos de la AEE, encaran cargos por intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al participar en un alegado esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable a la empresa Tropical Solar Farm, entre junio del 2011 a mayo del 2012.

La empresa, que presidía Torres Torres, posteriormente cambió su nombre a Jonas Solar Energy. Valcárcel Ruiz, jefe de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, apuntó que una persona comete el delito de intervención indebida cuando interviene sin autoridad de Ley o indebidamente en la realización de un contrato, subasta o negociación de una operación gubernamental para beneficiarse o beneficiar a un tercero.

En este caso, según Valcárcel Ruiz, el ingeniero Pérez Canabal utilizó su puesto en la Junta de Gobierno de la AEE con el "único propósito de hacer millonario a Roberto Torres Torres", su amigo y contable.

También citó varios incisos del Reglamento de Ética, que estipulan que un funcionario público no puede utilizar el cargo para un fin privado y dar un trato excepcional sin que medie la justa causa.

Entonces argumentó que Torres Torres, con la ayuda de Pérez Canabal, obtuvo dos contratos que posteriormente intentó vender para agenciarse una ganancia.

Aseguró que antes de que se aprobaran las resoluciones de la Junta de Gobierno que viabilizaron los contratos, Torres Torres había iniciado conversaciones procurando inversionistas para sus propuestas.

Señaló que como parte de esas movidas Torres Torres obtuvo los $200,000 que pagó a la AEE por el contrato de Tropical Solar Farm, empresa que dijo no cumplía con los requisitos para que se le extendiera dicho contrato.

Apuntó que por las representaciones incorrectas que realizó el contable sobre el nombre de la empresa y los terrenos donde se levantaría el proyecto, ahora enfrentaba una demanda civil incoada por Jacob y Avshalom Lubin.

"Hubo fraude porque lo que busca la AEE es que los procesos sean justos y limpios y eso no ocurrió aquí", afirmó al concluir su exposición.

Mientras, en su turno, el licenciado José Andreu Fuentes insistió en que el Ministerio Público no presentó evidencia que demostrara que Pérez Canabal actuó contrario a la Ley y planteó que este caso se trataba de un ejercicio de "inferencias contrarias a derecho". Insistió en que los contratos otorgados a Tropical Solar Farm se realizaron conforme a Ley y que cumplieron con todos los requisitos establecidos por la propia corporación pública.

Apuntó también que fue la expresidenta de la Junta de Gobierno, Marimar Pérez Riera, quien presentó la propuesta del proyecto de Tropical Solar Farm a dicho organismo. "Que porque eran amigos de alguien no se podía evaluar la propuesta en un país donde todo el mundo se conoce", cuestionó el abogado.

Reiteró que Pérez Canabal intervino de forma directa en la evaluación y aprobación de los proyectos porque había sido designado presidente del Comité de Planificación, Estrategia y Energía Renovable de la Junta de Gobierno y oficial de cumplimiento de las metas de la propia Junta, que tenía como objetivo disminuir la dependencia del petróleo en la corporación pública a tenor con la política pública del exgobernador Luis Fortuño.

Además, señaló que en su encomienda de adelantar esa política, pública Pérez Canabal confrontó la resistencia propia de los empleados que se resisten al cambio. "Este es el caso de la disidencia en contra de la política pública del jefe. ¿Eso es probar un delito?", puntualizó.

Andreu Fuentes citó jurisprudencia sobre el alcance de las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y subrayó que Pérez Canabal no cometió ninguna violación y que nunca recibió un beneficio no permitido por Ley.

El licenciado Pedro Santiago Rivera, quien representa a Torres Torres, insistió en que la propuesta de Tropical Solar Farm cumplió con todos los requisitos de la AEE y recordó que los contratos otorgados a la empresa tenían una cláusula de cesión, que permitían su venta.

"Hay cero ilegalidad en ese tipo de transacción", apuntó. Aclaró que Pérez Canabal y Torres Torres viven en la misma urbanización, pero en calles diferentes y que su cliente fue su contable en el pasado. El licenciado Jorge Gordon Menéndez, quien representa a Santos Rivera, apuntó que la evidencia que el Ministerio Público solo demostró que su cliente como partes de las obligaciones de su cargo estaba autorizado a preparar contratos.

"El licenciado Santos nunca otorgó un contrato", resaltó. Escuchados los argumentos finales, la jueza Alfonso Fernández indicó que anunciará su determinación el próximo lunes, 2 de marzo.