Dos médicos que fueron arrestados la semana pasada por delitos relacionados a fraude hipotecario hicieron alegación de no culpabilidad y salieron libres bajo fianza de $10,000 cada uno.

Al cirujano plástico Edgar A. Reyes Colón y el gastroenterólogo Francisco Quintero Peña se les imputa hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamos hipotecarios con el fin de obtener dinero para beneficio propio, según la acusación de las autoridades federales.

Ambos fueron detenidos el 23 de diciembre, el mismo día en que se vio la vista inicial del caso ante el magistrado federal Marcos E. López.

Reyes Colón fue representado por el abogado José R. Aguayo, mientras que el licenciado Víctor M. Chico Luna representó a Quintero Peña.

El magistrado les concedió hasta el 12 de enero de 2016 para prestar la fianza de $10,000 asegurados a cada uno.

“La investigación reveló que, como parte del régimen y artificio para defraudar, los acusados, a través de testaferros, compraban una propiedad mediante la obtención de préstamos hipotecarios de una institución financiera asegurada por el gobierno federal en cantidades que exceden sustancialmente el precio de venta de la propiedad. El exceso en la cantidad del préstamo fue pagada como soborno (llamado “kickbacked” en inglés), a los acusados, y entonces se incumplía con el pago de las primas mensuales de la hipoteca. Con el fin de garantizar la aprobación del préstamo, los participantes crearon y entregaron documentación de apoyo falsa junto con la solicitud de préstamo. Es decir, los estados financieros, estados de cuenta bancarios, cartas de verificación de empleo, declaraciones de impuestos, entre otros”, detalló la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, el día del arresto de los médicos.

También Rodríguez dijo que los acusados supuestamente dieron declaraciones falsas en torno a que sus residencias principales estaban alquiladas. Se explicó que mediante este esquema, los acusados obtuvieron dos préstamos del desaparecido Doral Bank, que totalizaron $560,000, para la compra de una propiedad ubicada en el desarrollo Palmas Plantation, en Humacao.

La investigación que llevó a esta acusación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); también colaboró el FBI y el Inspector General del Departamento de la Vivienda.

El fiscal Nicholas Cannon fue asignado a dirigir el caso judicial.

De ser encontrados culpables, las penas máximas para estos delitos son 20 años de prisión y multas de hasta $1 millón. Reyes Colón es esposo de la exreina de belleza y abogada Sheila Benabe González, acusada el año pasado por un caso relacionado.

El cirujano plástico es también hermano de Erick Yamil Reyes Colón, amigo cercano del gobernador Alejandro García Padilla. Éste compareció ante un gran jurado federal en noviembre pasado como parte de la pesquisa contra el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Javier Hernández Pérez y otras nueve personas recién acusadas por corrupción gubernamental.

Erick Reyes Colón fue a la citación acompañado por el abogado Juan Casillas y no ofreció expresiones a la prensa. Es abogado y estuvo en el comité de campaña de García Padilla. Después de su comparecencia ante el gran jurado trascendió que también es propietario de Integrated Consultants & Legal Advisors LLC, y logró alrededor de $4.5 millones en contratos con el gobierno desde el 2013.

En cuanto al caso judicial de la esposa del cirujano plástico y de la coacusada Adelinzy Grace Vázquez, el juicio está pautado para el 12 de enero ante el juez federal Jay García Gregory. Los restantes acusados ya hicieron alegación de culpabilidad.

Hoy, lunes, los abogados de Grace Vázquez, Francisco Rebollo Casalduc y Kendys Pimentel, sometieron una moción informativa para indicar que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal para desestimar el cargo que pesaba en contra de su representada.

La abogada y exreina de belleza fue acusada junto a otras 19 personas el 25 de febrero de 2014 por fraude de préstamos hipotecarios y proveer información falsa.

Según la acusación, se trataba de un esquema similar por el que se acusó a los galenos en esta ocasión. Se alega que los implicados obtenían unas tasaciones por encima del valor real de las propiedades y usaban documentos falsos para obtener aprobación de instituciones financieras. El remanente de la hipoteca se les pagaba a miembros de la organización, liderada por Lina Prestol Rodríguez. Algunos actuaron como facilitadores, testaferros y vendedores.