Desde el 2013, una serie de equipos tecnológicos que se utilizaban como medida de seguridad para minimizar el contrabando en las cárceles -el principal problema que enfrenta el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)- han quedado en desuso por falta de reglamentación por parte de la agencia.

Más de $40,000 sobrepasan la inversión completa del equipo adquirido bajo la gobernación de Luis Fortuño y que incluye la famosa “silla chota”; un detector de metales en forma de asiento que se utiliza en las prisiones para identificar objetos no permitidos que los reos esconden en sus cavidades. 

La serie también agrega 27 barras ferromagnéticas portátiles, utilizadas de igual forma para la detección de metales como fisgas, armas, cuchillas y celulares, entre otros objetos portados por alguna persona.

Pero, ojo, el paquete también incluye seis drones, que se adquirieron en el cuatrienio pasado con el propósito de ser utilizados para vigilar los perímetros de las instituciones carcelarias. Estos instrumentos aéreos nunca fueron utilizados.

Según el subsecretatio del DCR, Irving Otero Narváez, la paralización del uso de los aparatos se suscitó luego que la administración de Alejandro García Padilla y el pasado ex titular de la agencia (Einar Ramos) se enfrentaran “a unos pleitos por la regulación y porque (la operación del equipo) carecía de una reglamentación”.

Dijo que la objeción fue incoada por unos confinados y sus familiares, quienes alegaron que el proceso de cotejo con las máquinas y posteriores incautaciones “era ilegal”.

“Alegaron también invasión a la privacidad y que los oficiales que manejaban las máquinas no estaban adiestrados”, expresó Otero Narváez al agregar que, incluso, después de coger el contrabando “los casos se caían” en el curso investigativo y legal.

 Insistió que el actual secretario del DCR, Eric Rolón, advino en conocimiento sobre lo sucedido al ocupar su puesto en enero y, desde entonces, impartió instrucciones para que se buscara una solución.

“Esos reglamentos no tenían uniformidad, así que hay que trabajar y revisar todo cuidadosamente y hasta que no se apruebe no podemos hacer uso de los mismos”, dijo sobre el equipo que podría deteriorarse por falta de uso y mantenimiento.

Primera Hora preguntó cuál fue el costo de cada equipo, pero la información no fue provista en su totalidad pues, según el funcionario, no lo tenía disponible al momento.

En cambio, notas publicadas por este diario en el 2012 indican que, por ejemplo, la silla chota tiene un costo aproximado de $7,500. En el DCR hay dos. Sólo una de ellas se compró por la agencia. La otra fue donada por la Cárcel Federal de Guaynabo.

De otra parte, el costo de los seis drones -que están literalmente nuevos de paquete- fue de $25,000, según confirmó Otero Narváez. 

 Mientras, no pudo cuantificar el gasto invertido en las torres ferromagnéticas.

 Lo que sí pudo precisar fue la efectividad de estos aparatos en la batalla que tiene la agencia en contra del contrabando en las cárceles, principalmente con drogas y celulares.

“Definitivamente necesitamos más y mejores tecnologías como estas para detectar el contrabando porque son de gran ayuda. Pero tenemos que hacer las cosas en el marco legal para no tener revés judicial. Y, sobretodo, garantizando que estos aparatos electrónicos sean los menos invasivos al cuerpo y que garanticen la protección de la dignidad del ser humano y su privacidad”, reiteró.

A instancias de este diario reveló que, por razones que desconoce- la agencia no tiene estadísticas de incautaciones desde el 2013. Señaló que las últimas cifras ofrecidas al Instituto de Estadísticas muestran que el 29% de las drogas incautadas son de heroína, 28% marihuana, 8% cocaína y el resto son calificadas como “otras sustancias”.

 Asimismo, indicó que datos recopilados hasta la misma fecha apuntan a que en un periodo de 10 años el DCR incautó más de 28,000 celulares.

Este número es preocupante considerando que los confinados han hecho del contrabando de estos aparatos de comunicación un negocio redondo dentro de las instituciones.

Por ejemplo, hay reos que “alquilan” sus cuerpos para entrar contrabando, principalmente metiéndolo por cavidades corporales como el ano.

“Podrían cobrar entre $60 y $100 por entrar dentro de su cuerpo el aparato... todo depende el tipo de celular”, dijo una fuente a este diario.

Entretanto, Otero Narváez insiste en que los cotejos continúan llevándose a cabo en las cárceles.

 “Principalmente con canes que hay entrenados para detectar celulares, drogas y armas. Eso, además de los registros de los oficiales”, aseveró.