“Mejor el sacerdote va a la cárcel antes que violar el derecho de confesión”.

Esta es la posición que había empeñado el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, ante la controversia por abusos sexuales a menores de edad bajo su jurisdicción, la cual dijo le fue validada con la más reciente determinación del Tribunal Supremo. La misma revocó al juez superior Ángel Pagán Ocasio, la cual exigía entregar expedientes de estos casos al Departamento de Justicia. En cambio, se ordenó un proceso de consulta a las víctimas para que estos tengan oportunidad de objetar o permitir la entrega de la información requerida por Justicia. 

En entrevista radial (WKAQ 580 – Univisión Radio), el obispo afirmó que la decisión del Supremo es un triunfo a las filosofías del cristianismo que profesan en torno al derecho de confesión.

“Deben tener la tranquilidad de que aquí nosotros estamos protegiendo el derecho de la confidencialidad de las víctimas adultas. Aquí nosotros no estamos encubriendo nada. Todo el pueblo católico tiene que tener la tranquilidad que lo que se ha protegido es un derecho a las personas, que es sagrado para todos nosotros los cristianos, la confesión”, afirmó Fernández Torres.

Señaló, además, que la determinación del Supremo permitirá que los católicos sigan confiando en la confesión y lleguen hasta sus diócesis a denunciar actos contra los sacerdotes.

De hecho, destacó que la Fiscalía de Arecibo queda al cruzar la calle del obispado, por lo que nada detiene a una víctima a comenzar un proceso criminal allí.

“Si no han querido hacerlo, lamentablemente es porque estas cosas se pueden hacer pública y victimizarlos”, concluyó.

La Diócesis de Arecibo ha llevado procesos de expulsión contra seis sacerdotes por denuncias de abuso sexual de menores. Justicia requiere tener acceso a los documentos de la investigación que realizó el obispado y el nombre de la víctima para analizar si emprenden un proceso criminal contra los imputados.

La Diócesis ha alegado que las denuncias las recibieron cuando la víctima ya era adulta.

“El Tribunal (Supremo) dice que si esa persona es adulta tienen derecho a decidir si eso que han dicho se haga público o no”, dijo Fernández Torres, tras expresar su alegría por la determinación.