El juez Anthony Cuevas Ramos ordenó hoy el embargo "inmediatamente y sin demora alguna" de bienes y dinero de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana por $4.7 millones.

Con el dinero se pagaría a maestros afectados por la decisión de la institución religiosa de no pagarlas pensiones de los demandantes, maestros que trabajaban para colegios católicos.

La orden se había emitido originalmente el 27 de marzo, pero quedó paralizada por trámites en el Tribunal de Apelaciones. Los maestros demandantes prevalecieron y tras un mandato emitido el domingopor el Tribunal de Apelaciones hoy el juez reactiva la orden de embargar la millonaria cantidad ya sea en "bonos,  valores, vehículos de otro, obras de arte, equipos, muebles, cuentas, bienes inmuebles y cualquier otro bien".

Los demandantes, incluyendo a Yalín Acevedo Feliciano, John A. Williams Bermúdez, Sonia Arroyo Velázquez, Jesús M. Franco Villafañe, Elsie Alvarado Rivera e Isidoro Hernández, demandaron a la iglesia católica por el incumplimiento en sus pensiones mediante un recurso que incluía un reclamo de interdicto, de sentencia declaratoria, de cumplimiento de contrato y de daños y perjuicios.

El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, no coincide con los reclamos de estos educadores. “Yo entiendo y me da mucha pena decirlo... no hay tal derecho, suena cruel decirlo... En los estatutos, y cada pensionado recibió copia de los estatutos, se dice en blanco y negro que el plan puede terminarse en cualquier momento con razón o sin razón por los miembros de la junta (fideicomiso)”, respondió en marzo pasado sobre el tema.