Dos padres denunciaron hoy, jueves, el maltrato al que supuestamente el Departamento de la Familia ha sometido a sus hijos, al permitir que los menores permanecieran en hogares sustitutos sin investigar ni actuar ante imputaciones de abuso físico y sexual.

En acciones separadas, demandaron a la agencia estatal que mantiene la custodia de sus hijos, así como a las trabajadoras sociales que tuvieron a su cargo el proceso de reubicación de los menores.

Los demandantes alegan que la agencia y sus representantes discriminaron en su contra, entorpecieron el proceso para que pudieran relacionarse con los menores, violentaron sus derechos de patria potestad e ignoraron el mejor bienestar de los niños. 

“Estamos revelando al pueblo de Puerto Rico un maltrato institucional del Departamento de la Familia, que bajo la facultad que tiene el estado de parens patriae remueve a niños que están siendo maltratados y los lleva a hogares sustitutos, donde se está causando un daño mayor que el que se está tratando de evitar”, expuso el licenciado Marcos Rivera Ortiz, abogado de ambos demandantes. 

“Estos niños están siendo abusados sexualmente, físicamente, con el conocimiento de muchas, no todas, trabajadoras sociales que tienen a su cargo supervisar la situación de estos menores”, adujo Rivera Ortiz en conferencia de prensa con sus clientes. 

UN CASO 

Uno de los demandantes contó que su hija, hoy de 15 años, fue removida en 2011 de donde vivía con su madre y su padrastro por imputaciones de negligencia y maltrato de menores. Explicó que la niña fue ubicada en un hogar sustituto, donde él la visitaba frecuentemente. Sin embargo, eventualmente fue trasladada de hogar, sin que se le informara, agregó.

El hombre sostuvo que después de algún tiempo la menor regresó con su madre y su padrastro, pero volvió a ser removida y ubicada en otro hogar. 

Entonces, contó que supo por voz de su propia hija que, mientras estuvo bajo la custodia y responsabilidad del Departamento de la Familia, había sido abusada sexualmente por el hijo de la señora que estaba a cargo del hogar sustituto. Ademas, dijo que cuando la menor volvió a la casa de la mamá, aún bajo supervisión de la agencia, su padrastro cometió actos lascivos en su contra.

El demandante acusa a las trabajadoras sociales que intervinieron en el caso de su hija de ignorar y entorpecer sus peticiones de custodia, a pesar de contar con un estudio socio-económico favorable, por lo que considera que se le han violado sus derechos como padre. Además, sostuvo que han discriminado con él por ser dominicano. 

En este caso, la Policía de Puerto Rico también está demandada por supuestamente no haber actuado ante las imputaciones de abuso sexual.

“Los responsables permanecen impunes, la niña pasa por un proceso difícil y angustioso y el caso criminal va camino a la prescripción mientras todos permanecen con los brazos cruzados”, lee la demanda.

CASO 2

Por otra parte, un segundo demandante, padre de dos niños de 13 y 14 años, y de una niña de 10, contó una historia similar.

Explicó que al separarse de la madre de los niños, solo los pudo ver esporádicamente, hasta que perdió su rastro, cuando estos fueron removidos de la casa y ubicados en hogares sustitutos, sin haberle notificado.

Señaló que tras una búsqueda de varias semanas, supo que los menores estaban bajo la custodia del Departamento de la Familia y por un tiempo pudo compartir con ellos en la sede de la agencia, en la avenida Barbosa, en San Juan. 

Sin embargo, asegura que la trabajadora social a cargo en ese momento suspendió las visitas y lo ignoró en el proceso relacionado con sus hijos.

Dijo que en ese tiempo supo que la menor de sus hijos fue agredida físicamente en dos ocasiones en el hogar donde se encontraba, pero la trabajadora social se negó a presentar cargos, a pesar de que la tuvo que llevar a un hospital para que le tomaran una radiografía. 

El individuo acusó también a la trabajadora social de amenazar a la niña con mantenerla en el hogar sustituto hasta que cumpliera los 18 años, si les indicaba a sus padres lo que allí ocurría y de no llevarla al médico cuando se quejaba de dolor de muela.

Denunció que cuando presentó una moción ante el tribunal sobre la conducta de la trabajadora social, “como represalia”, ella sometió con éxito una solicitud de protección contra él.

El licenciado Rivera Ortiz, por su parte, indicó que en este caso el plan del Departamento de la Familia es dar a los tres niños en adopción, aun cuando el padre cuenta con el apoyo de una hermana, cuya residencia ha sido certificada como hogar sustituto, para tenerlos a su cargo.

“La trabajadora social nunca me ha considerado como parte del proceso”, denunció el demandante.

Este medio solicitó una reacción del Departamento de la Familia que fue respondida por la portavoz de la Administración de Familias y Niños, Lynnette Moreno, quien señaló que la agencia aún no ha recibido una notificación relacionada con las demandas mencionadas, por lo que no se emitirían comentarios.

“Al llegar la notificación, estaremos en mejor posición de contestar, si es que podemos contestar”, expresó Moreno al enfatizar que la agencia no divulga detalles relacionados con menores. 

En ambas demandas los padres solicitan que el tribunal les ordene a los codemandados a pagarles $500,000 a cada uno.