La Legislatura Municipal de San Juan aprobó el pasado viernes una ordenanza que prohíbe el tránsito de calesas tiradas por caballos en cualquier calle de la capital, sea para negocio o como medio de transporte no ligado al comercio o al turismo, e impone multas de hasta $5,000 por infracciones a esta disposición. 

La aprobación de la ordenanza, en una sesión extraordinaria, fue dada a conocer este lunes por la licenciada Maritere de Jesús, abogada del Municipio Autónomo de San Juan, durante una vista argumentativa citada por el juez Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal Superior, como parte de la demanda que presentó la empresa Caribbean Carriage Company en contra del ayuntamiento capitalino.

Caribbean Carriage Company llevaba 20 años operando las calesas en el Viejo San Juan. El pasado 20 de abril tuvo que cesar el negocio a raíz de la orden ejecutiva MSJ-159, firmada por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, para prohibir esta práctica “debido a las condiciones deplorables, de explotación y de posible maltrato a que se exponen los caballos que tiran de las calesas”.

En la Sala 904 de Recursos Extraordinarios, se estableció por el juez Pagán Ocasio, la licenciada De Jesús y el abogado de la compañía, Oscar Acarón Montalvo, que la orden ejecutiva se volvía académica tras la aprobación de la ordenanza municipal. Por tanto, se le concedió a la parte demandante hasta el 20 de julio para enmendar la demanda.

El Municipio tendrá hasta el 22 de julio para someter su alegación responsiva y los demandantes deberán contestar no más tarde del 24 de julio. 

“Luego quedaría resolver. Esto es una cuestión de derecho, no creo que haya que pasar prueba”, indicó el juez Pagán Ocasio. 

La ordenanza no ha sido firmada por la alcaldesa. Luis Rolón, portavoz de prensa del municipio, dijo a este medio que el documento le será enviado esta semana a Cruz Soto para su firma. 

Aunque no se ha divulgado el texto final, el Proyecto de Ordenanza 58 establecía que la misma “comenzará a regir 10 días después de su publicación en uno o más periódicos de circulación general y de circulación regional”.

En un aparte con este medio, el abogado Acarón Montalvo calificó de “arbitraria” la acción del ayuntamiento.

“Nos oponemos a la orden de la alcaldesa porque incide sobre el derecho de propiedad que ellos tienen sobre la operación y la otra cosa es que va única y exclusivamente dirigida a esta operación. Aquí no se prohibió la operación de ningún otro vehículo de transporte, comercial o no comercial. Sencillamente, se ha diseñado una ordenanza municipal que nosotros creemos que es arbitraria, caprichosa, ilegal e irrazonable, única y exclusivamente para detener una operación legítima que se llevaba a cabo conforme a la ley y en ausencia de lo que mucha gente ha alegado de maltrato animal, porque no existe maltrato animal”, afirmó el licenciado.

Como resultado de la orden ejecutiva, Caribbean Carriage Company tuvo que dejar de usar el espacio de estacionamiento que tenían designado por una orden ejecutiva emitida cuando Jorge Santini era alcalde de San Juan. Acarón Montalvo dijo que los letreros que anunciaban el servicio frente a la Plaza Dársenas fueron removidos por personal del municipio, sin notificarle previamente a la empresa.

Esa orden, firmada el 11 de abril, cita dos eventos, uno de enero y otro de abril de este año, que supuestamente involucraban equinos que estaban “en condiciones lamentables” que evidenciaban “explotación”. No se precisa que le pertenecían a esta compañía, pero este era el único negocio de ese tipo en San Juan para esa fecha.

El representante legal de Eladio Dávila y Zauda Ayala, propietarios de Caribbean Carriage Company, negó que los caballos de esta empresa familiar hayan sido maltratados y aclaró que el suceso de enero, donde unas personas denunciaron ante la Policía Municipal el estado de un caballo, llegó a etapa investigativa en la Fiscalía de San Juan, pero no se radicaron cargos.

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