La principal acusada del caso de fraude en los servicios de tutorías ofrecidos a través del Departamento de Educación solicitó este martes poder regresar a trabajar en la empresa implicada en el esquema, Rocket Learning.

Durante la vista de fianza y lectura de acusación, Brenda Liz Pérez García hizo alegación de no culpabilidad a través de su abogado, Raúl S. Mariani Franco. De paso, este solicitó que se le permitiera a su representada continuar trabajando en la compañía coacusada por el mismo esquema de fraude.

La magistrada federal Silvia Carreño Coll le concedió un término de 10 días para que emita una moción informativa en cuanto al trabajo que realizaría, a quiénes supervisaría y quiénes la supervisarán a ella. Será entonces cuando determinará si puede regresar a trabajar o no.

"Su cliente no puede tener contacto con testigos o coacusados. Esta condición es bien importante en este caso", recalcó Carreño Coll, quien le impuso una fianza no asegurada (que no tiene que prestar el monto a menos que incumpla las condiciones) de $20,000 y permanecer en su hogar con un horario que establecerá el oficial de asuntos con antelación al juicio.

Pérez García estuvo sumariada en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, desde su arresto el 10 de septiembre.

Durante la vista de fianza, el fiscal Seth Erbe planteó que este es un caso de alta exposición y que, de ser encontrada culpable, la acusada enfrentaría una pena máxima de hasta 20 años. Destacó que cuentan con prueba sólida y contundente, que incluye grabaciones, y que al ser arrestada, Pérez García se negó que le realizaran prueba de dopaje.

Luego, el fiscal no se opuso a que se le impusiera fianza, pero abagó por que no se le permita trabajar.

Erbe alegó, además, que Pérez García interfirió con otros coacusados previo a comparecer a la vista inicial, diciéndoles que no firmaran la información financiera para que se les designara abogado, de ser necesario, porque el abogado de Rocket Learning los representaría a todos.

El abogado, por su parte, contestó que fueron los agentes los que cometieron presiones indebidas, pero no dio más detalles.

En cuanto a la fianza, Mariani Franco dijo que su representada no tenía objeción a las condiciones impuestas, pero que necesitaba poder trabajar. Alegó que ella no creó el programa en el cual se realizó el presunto fraude, que no es un riesgo de fuga ni peligro a la comunidad. También dijo que su cliente radicó un caso de Ley de Quiebras y que cuida de su madre, quien padece de Alzheimer.

"Ella sufriría daño considerable si no puede trabajar", sostuvo.

La magistrada le manifestó que "el problema" que tenía con su petición es que la acusada no puede tener contacto con coacusados o testigos, y que la propia compañía de Rocket Learning está acusada. De hecho, tanto la magistrada como el fiscal desconocen si la empresa sigue operando, dado a que el Departamento de Educación canceló los contratos que aún tenía con la compañía el jueves pasado, cuando bajó la acusación.

Pero, el abogado indicó que la compañía no tenía problema con que su clienta siga trabajando allí. Además, recordó que el fraude imputado fue de cerca de $1 millón de más de $34 millones que facturaron.

Al ver la lectura de acusación, Mariani Franco dio por leído el pliego acusatorio y emitió una alegación de no culpable de parte de la acusada, de 49 años.

Según la página de Internet de Rocket Learning, Pérez García era directora de SES, programa que fue eliminado por el Departamento de Educación en 2013. Se agrega que comenzó a trabajar desde su fundación en 2005 como gerente de programa y luego se desempeñó como directora regional de Bayamón. Desde hace dos años, "lidera nuestro equipo, de más de 100 gerentes del programa, a través de toda la Isla".

Pérez García aparece como la figura principal de un grupo de 31 personas acusadas por un gran jurado y arrestadas el jueves pasado por llevar a cabo un esquema de fraude al facturar por servicios educativos de tutorías que realmente no ofrecieron, y a través del cual se apropiaron de $954,297 de fondos de Título I del Departamento de Educación federal.

Las autoridades federales advirtieron que ésta sería la primera fase del operativo llamado "Bad Grades" o "Malas notas".

Los acusados enfrentan 26 cargos por fraude postal por enviar entre 2011 y 2013 pagos a través del Servicio Postal de Estados Unidos para pagar 26 facturas que contenían información fraudulenta, un cargo por robo de $954,297 de fondos federales Título I y 45 cargos por robo de identidad agravado, dado a que supuestamente falsificaban nombres y firmas de los estudiantes para aparentar que recibían tutorías.

Según la investigación, los acusados falsificaban los registros biométricos de asistencia y documentos con firmas falsas de estudiantes, padres y maestros. Además, la directora de SES (Pérez García), directores regionales, directores de programas, coordinadores operativos, maestros y líderes de maestros acordaron maximizar la facturación de Rocket Learning para cobrar por servicios que no fueron prestados. Por lo cual, los directores de programas, regionales y la directora de SES recibían bonos basados en la cantidad total de dinero facturado fraudulentamente, dice la acusación.

“De la investigación se desprende que algunos estudiantes le preguntaban a los maestros de las tutorías qué nombre se suponía que utilizaran y hacían preguntas como: ‘Maestro, maestro, ¿qué nombre uso hoy? ¿Mi nombre verdadero o el falso que usted me instruyó que usara la vez anterior?’”, dijo en la conferencia de prensa el jueves pasado el director del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases.

En su página de Internet, Rocket Learning destaca que tienen sede en Estados Unidos. Su presidente y cofundador, Jaime Palés, no fue acusado. La compañía se creó en 2005 y dice que han ayudado a más de 100,000 niños en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que “gracias a la confianza y el apoyo de los padres, maestros y estudiantes, nos hemos convertido en el mayor proveedor de SES en el País”.

El programa SES fue cancelado en 2013 por el actual secretario de Educación, Rafael Román, quien el jueves canceló los contratos de otros programas que aún tenía con Rocket Learning.

De ser encontrados culpables, los acusados se exponen a penas de hasta 20 años, más dos años estatutarios por cada uno de los cargos por robo de identidad agravada.