El juez federal Francisco A. Besosa ordenó reabrir el pleito de clase del caso conocido como Hospital Psiquiátrico, tal como solicitó el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, y denegó una moción de reconsideración sometida por el gobierno estatal.

En noviembre pasado, el gobierno se opuso a que se reabriera el caso sobre servicios de salud mental por entender que están cumpliendo con las órdenes emitidas por el Tribunal Federal sobre el plan de rehabilitación. No obstante, los demandantes alegaron un mes antes, en septiembre, que no estaban cumpliendo lo ordenado por la corte en 2005, por el entonces juez federal Héctor Laffite, por lo que solicitaban la reapertura del caso que data de 1974.

Besosa procedió a emitir una orden ayer, jueves, para reabrir el caso y denegó la moción de reconsideración del gobierno.

En la misiva de septiembre pasado, el presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, indicó que los servicios en el Centro de Salud Mental Comunitario San Patricio están en riesgo de ser eliminados, que recientemente no se renovaron los contratos de psiquiatras, sicólogos y trabajadores sociales, que la Clínica de Exhospitalizados y la Unidad de Intervención de Crisis fueron eliminadas, y que supuestamente la administradora de la Administración Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen Graulau, dijo el 19 de septiembre pasado que los servicios a pacientes ambulatorios serían privatizados.

"Algunos de nosotros hemos podido trabajar y vivir independientemente, gracias a los servicios protegidos por muchos años por esta honorable corte. Pero una vez más, los demandados, en una clara violación a la orden de la corte, ponen nuestra salud mental y física en riesgo", lee la carta.

Alegan, además, que desde que se cerró el pleito de clase en 2005 -el cual fue presentado originalmente por el paciente con retardo mental Roberto Navarro Ayala por supuestas violaciones a los derechos constitucionales de pacientes de salud mental-, no se han dado los servicios adecuadamente y como se ordenó.

El secretario de Justicia, César Miranda, contestó por medio de las abogadas Janitza García Marrero, Beatriz Annexy Guevarra y Arlene Pérez Borrero. Estas recalcaron que el caso no debe ser reabierto, basado en que se están cumpliendo con las órdenes del tribunal, y porque el grupo no es parte en el caso.

"El Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio no está en posición para solicitar que se reabra el caso. Más aún, cuando se sostiene que los requisitos impuestos por el honorable tribunal al gobierno estatal para cerrar este caso se están cumpliendo, por lo que no hay necesidad de la intervención judicial", lee la moción.

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