El juez federal Joseph R. Goodwin, del oeste de Virginia, denegó la solicitud de desestimación de los tres cargos que pesan contra Pablo Casellas Toro por emitir declaraciones falsas a un alguacil federal, y tampoco dio paso a la alegación de la defensa de consolidarlos en uno por entender que hay multiplicidad de delitos, todos relacionados al "carjacking" del que el hoy acusado alegó ser víctima.

Goodwin recordó que Casellas Toro enfrenta tres cargos por ofrecer información falsa a un alguacil federal durante una entrevista, en la que alegó que fue víctima de un carjacking el 17 de junio de 2012, al salir del Club de Tiro Metropolitano, en Toa Baja. En esa declaración, se alega que Casellas dijo que fue a disparar en el lugar, y que cuando salió, una persona lo obligó a detener su vehículo y que fue forzado a punta de pistola a moverse al asiento del pasajero.

El abogado Francisco Rebollo Casalduc argumentó que los cargos debían de ser desestimados o al menos consolidados, por entender que constituyen una sola ofensa y que no debían de separarse.

"Aunque las declaraciones del acusado se hicieron durante una sola entrevista relacionada a un solo tema, cada una de las declaraciones es distinta y requiere prueba por separado. Por ende, no es múltiple acusarlo por separado por cada declaración", manifestó el juez en su orden.

Ayer, lunes, el abogado y los fiscales federales Michael E. Gilfarb y Andy Camacho, ambos de Florida, acudieron al Tribunal Federal de Hato Rey para una vista con antelación al juicio, pautado para comenzar con la selección del jurado el 7 de abril.

La defensa solicitó que el caso se trasladara a un distrito "neutral", como el Tribunal de Massachusetts, en Boston, por entender que en la Isla no es posible conseguir un panel de jurados "justo e imparcial" por la publicidad "excesiva" que tuvo el caso estatal contra Casellas Toro, quien fue encontrado culpable por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo. El 6 de febrero pasado, fue sentenciado a 109 años de prisión.

Goodwin determinó que citarán a 120 personas para el 7 de abril y comenzar el proceso de la desinsaculación del jurado. Durante el proceso, determinará denegar o conceder la moción de traslado de jurisdicción si ve que no es posible conseguir un jurado imparcial.

El hijo del juez federal Salvador E. Casellas está detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo. A nivel federal, se emitió un pliego acusatorio en su contra el 10 de abril de 2013 por emitir información falsa a un alguacil federal.

Al excorredor de seguros se le imputa de que "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon al cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo, con el fin de robarle el vehículo.