El presidente de Petro West, José González Amador, tendrá que testificar en el Senado, a pesar de la oposición del empresario, al producirse una determinación judicial que valida la orden del juez Ángel Pagán Ocasio.

Esta noche, el Tribunal Apelativo denegó el recurso presentado por el presidente de Petro West y mantuvo la orden del Pagán Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia, para que González Amador, comparezca so pena de desacato ante la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso de Petróleo por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Pagán Ocasio determinó "No ha lugar" a la solicitud que procuró no testificar ante el organismo legislativo. El juez añadió que González Amador "deberá comparecer a la vista que ha sido citado y contestar las preguntas que se le formulen", decisión que ahora ha sido ratificada por el foro apelativo. El Tribunal Apelativo en su resolución señaló que "el peticionario no nos demostró que el Presidente del Senado ha excedido sus poderes de citación, ni que el foro primario erró en su interpretación o aplicación del derecho o actuó arbitrariamente en el proceso".

Ante esa determinación se reconoce que la Comisión Especial actuó y expidió de manera correcta la citación a González Amador para comparecer a testificar en vista pública.

González Amador, cuya empresa fue proveedora de combustible residual para las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre el 2010 al 2012,  fue citado como parte de la investigación senatorial sobre las normas y procedimientos en la compra de combustible en la corporación pública.

El presidente de la comisión especial, Aníbal José Torres, ha destacado como la investigación legislativa ha documentado esquemas de irregularidades en la compra de combustible, así como “la ausencia de formalidades y transparencia en los sistemas” para adquirir petróleo en la AEE. Esos fallos, según ha destacado “han impactado los costos de energía y han conllevado el derroche de millones de fondos públicos".

La comisión especial fue creada mediante una resolución legislativa en mayo del 2014, y en marzo del año pasado rindió un primer informe con hallazgos preliminares.

Ese informe concluyó que el contrato entre la AEE y la empresa Petrobras América pudo haber violentado la Ley 458-2000, que establece que ningún jefe de agencia o de alguna instrumentalidad pública adjudicará subasta o contrato alguno de bienes o servicios a una persona o entidad que haya resultado convicta de ciertos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.

El documento destaca que Petrobras América es una subsidiaria de Petroleo Brasileiro S.A., compañía involucrada en un grave esquema de corrupción por el que fueron acusados decenas de personas, incluidos ejecutivos de la empresa brasileña, algunos de los cuales han resultado convictos.

La pesquisa legislativa también detectó irregularidades en el reembolso de patentes municipales, y el informe rendido señala que la compañía Petro West, uno de los suplidores de combustible de la AEE, pudo haber incurrido en el delito de apropiación ilegal agravada al presuntamente someter facturas con información falsa a la corporación pública.

En octubre, la comisión especial rindió un informe parcial confidencial que concluyó también que la AEE gastó millones de dólares en la compra de combustible a Petro West, que no podía hacer negocios en la Isla por haber suscrito un acuerdo con una empresa que se declaró culpable por fraude para que le suministrara el producto.