Los médicos acusados por fraude contra la Oficina de Compensación a Trabajadores por Incapacidad Ocupacional (OWCP, por sus siglas en inglés) hicieron alegación de no culpabilidad en la tarde de este jueves.

El siquiatra Alfonso Alberto Madrid Guzmán, de 59 años, se declaró no culpable por tres cargos que pesan en su contra, según le leyó el magistrado federal Marcos E. López.

El pliego acusatorio contra el reconocido siquiatra consta de tres cargos porque "a sabiendas e intencionalmente, emitió un informe médico al Departamento del Trabajo de Estados Unidos falso y fraudulento" relacionado a un supuesto paciente al que le diagnosticó ansiedad, insomnia, concentración pobre, tristeza, aislamiento y depresión severa, lo que era falso. El supuesto paciente era un agente encubierto. Los cargos son referente a las fechas del 27 de febrero, 27 de marzo y 24 de julio pasado.

El magistrado le advirtió que de ser encontrado culpable, se expone a un término de prisión no mayor a cinco años y tres años de libertad supervisada.

A través de su abogado Juan Matos de Juan, Madrid Guzmán hizo alegación de no culpabilidad y se le impuso una fianza de $50,000, de los cuales deberá prestar $25,000 en un término de dos semanas.

El fisiatra Luis Enrique Faura Clavell, de 59 años, también se declaró no culpable por 10 cargos que pesan en su contra en dos pliegos acusatorios. Los mismos son relacionados a tres "pacientes" a los que les hizo diagnósticos falsos y radicó informes médicos fraudulentos al OWCP. Se alega que el 28 de febrero y el 26 de marzo pasado le dijo a uno de los "pacientes" que sufría de fatiga, debilidad y condición en la muñeca izquierda, y que no iba a mejorar. A otro "paciente" lo atendió el 10 de junio, el 25 de junio y el 6 de agosto pasado, diagnosticándole problemas en su hombro izquierdo y dificultad para doblarse y arrodillarse.

En el otro pliego acusatorio, se le imputaron otros tres cargos por otro agente que se hizo pasar como paciente y al que atendió el 24 de enero y 10 de agosto de 2012, así como el 28 de febrero de 2013, por supuestamente sufrir condición crónica cervical y en la espalda, y lo refirió a Madrid Guzmán por supuesta depresión y ansiedad.

El décimo cargo en su contra es por intentar llevar a cabo un esquema para defraudar al plan médico Triple S por cobrar visitas médicas que no se llevaron a cabo. Por este cargo, podría cumplir hasta 10 años de cárcel.

Faura Clavell también salió libre este jueves tras López concederle una fianza de $50,000, de la cual deberá prestar la mitad en dos semanas.

Los demás acusados fueron 10 empleados del Servicio Postal de Estados Unidos que reclamaron dinero al programa OWCP alegando que sufrieron alguna lesión y no podían laborar, recibiendo 75% de su salario y algunos llevan 10 años recibiendo dicho beneficio, por lo que en total recibieron $3.5 millones. 

La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que los empleados se enteraban del acto por "word of mouth" o de boca en boca, e iban a donde Faura Clavell, quien al decirle que trabajaban en dicha agencia federal, ya sabía para lo que iban y les diagnosticaba alguna dolencia ficticia. Indicaron que tienen grabaciones del fisiatra enseñándoles a los "pacientes" cómo debían fingir las dolencias, y los refería a Madrid Guzmán para que le diera más credibilidad al diagnóstico, alegando que también tenían alguna condición de salud mental.

Los médicos recibían entre $150 y $1,000 por cada informe y certificación médica.

Entre los empleados postales está el pastor Bernardo Brito Franco, de la Iglesia Cristiana Abrazando el Pacto de Jehová Inc. Casa de Restauración en Levittown, en Toa Baja, quien compareció en sala en pijama roja con pantalón negro y puntos rojos, y enfrenta nueve cargos por robo de propiedad del gobierno, declaraciones falsas, fraude médico, representación falsa al Seguro Social y esconder información al Seguro Social.

El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, mostró una foto de Brito Franco buceando. Indicó que el hombre alegaba que sufría de la pierna izquierda, rodilla y espalda, que no podía levantar más de cinco libras y que necesitaba bastón para caminar. Sin embargo fue grabado mientras buceaba y bailaba merengue en un crucero recientemente.

"El acusado Brito Franco se fue de crucero, bailó merengue y buceó, entre otras actividades físicas. Sin embargo, en los formularios de OWCP y del Seguro Social alegaba que no podía llevar a cabo ningún tipo de actividad física. Brito Franco alegó que contrató servicios para que le limpiaran la casa, que no podía bucear, no podía caminar largas distancias, no podía levantar objetos, ni levantar sus brazos, entre otras. Enfrenta una alegación de confiscación de más de $86,000", planteó Rodríguez.

A Brito Franco se le impuso una fianza de $25,000 asegurados y deberá prestarla en dos semanas. Se le impuso una fianza mayor que a otros coacusados porque el fiscal Wallace Bustelo informó que tenía pasaporte vigente (por lo que podría representar riesgo de fuga), tiene una hija que vive en Francia y hace poco viajó a Israel y en crucero, hechos que no dijo a la oficial probatoria.

La lectura de acusación contra los empleados se citó para el 17 de septiembre a las 10:30 a.m. A los demás empleados acusados se les impuso una fianza de $5,000 a cada uno no asegurados.

Otro de los arrestados, Samuel Badillo Muñiz, fue captado con una cuellera en una cita médica, y quitándosela al salir de la oficina del médico, y cargando equipo pesado poco después. Trabajaba en una compañía de instalación y reparación de aires acondicionados. En los vídeos, se le observa levantando objetos pesados.

Los demás acusados son Rodolfo Vázquez Soto, Félix Ortiz Vázquez, Miguel Plaza Nieves, Wilma T. Fontán, Moisés Rivera Aponte, Ricardo Rivera Ortiz, Rafael Espinet García y Lydia Rivera Rodríguez.

"Fueron empleados dispuestos a mentir y a robar hasta 75 por ciento de su salario libres de impuestos. A estos empleados postales no les importa que el Servicio Postal pagara $1.3 billones por compensación laboral. Les gusta vivir del cuento, pero eso termina hoy", manifestó el agente especial del Servicio Postal, Rafael Medina.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, catalogó la acción de los acusados como "avaricia que será recompensada por una larga estadía en una institución federal". Recordó que de ser encontrados culpables, se enfrentan a hasta cinco años de cárcel.

"El pasado 21 de agosto de 2013 llevamos a cabo el primer operativo sobre fraude del Seguro Social. Dos semanas después, estamos ejecutando un segundo operativo sobre fraude a este componente federal. La investigación continúa, pueden estar seguros de eso", agregó Rodríguez.

Los arrestos y órdenes de allanamiento se llevaron a cabo en la mañana del jueves en los pueblos de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Dorado, Toa Baja, Caguas, Gurabo y Moca por agentes de las Oficinas de los Inspectores Generales del Servicio Postal de Estados Unidos, del Departamento del Trabajo federal, del Seguro Social, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, del FBI y de la Policía de Puerto Rico.

Los fiscales del caso son María Domínguez y Bustelo.

Para cooperar con la pesquisa, se invita a la ciudadanía a llamar al 1-888-771-9060.