La vista preliminar contra el coordinador de proyectos de la Superintendencia del Capitolio, Endel Rodríguez Cortés, fue aplazada hoy lunes debido a una situación médica que aqueja a la fiscal Wilda Nin Pacheco. 

Rodríguez Cortés encara 11 cargos de perjurio por supuestamente participar en un esquema de fraude en la aprobación y el pago de obras de remodelación en la Casa de las Leyes entre el 2010 y 2012.

La jueza Elizabeth Linares Santiago, del Tribunal de San Juan, pautó la continuación del proceso para los días 6, 7 y 8 de abril.

Ese 6 de abril debe concluir el testimonio del perito del Ministerio Público, Héctor Figueroa, un experto en caligrafía del Instituto de Ciencias Forenses que evaluó 17 certificaciones de trabajo realizado que contenían la firma del imputado.

Pero en un declaración jurada, el empleado del Capitolio negó haber firmado los documentos.

Después la defensa, compuesta por los abogados Víctor Ramos Rodríguez e Ian Ibarra Aponte, sentará a declarar a su propio perito Evaristo Álvarez Ghigliotti.

Durante la vista de esta tarde, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Lourdes Acevedo Cruz y Brenda Rosado Cortés.

Este proceso se ventila de forma independiente al proceso judicial que enfrentan Eliana Cuervo Sierra, su esposo Edil Danois Román; así como Juan Carlos Acosta Ramírez, Alex Martínez Morales, Gladys Zoraida Alberti Torres y Jamilette Ramírez Sánchez, porque la prueba del Ministerio Público para probar los cargos de perjurio es diferente a la que desfilará en la otra vista preliminar, que continúa el 11 de abril.

En el caso de Cuervo Sierra, la jueza Linares Santiago encontró causa para juicio por ausentarse a un señalamiento de la vista preliminar. Ese juicio por un cargo de fraude espera por la celebración de la vista preliminar de los otros imputados. 

El empresario Edil Danois Román, encargado de las empresas Restaura Contractor y Fasan Construction, encara 31 cargos por falsificación de documentos, fraude, apropiación ilegal de fondos públicos y posesión y traspaso de documentos falsos.

Los exempleados de la Superintendencia del Capitolio Jamilette Ramírez Sánchez, Gladys Alberti Torres, Alex Martínez Morales y Juan Carlos Acosta Ramírez encaran diversos cargos, que en algunos casos incluyen apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicio púbico, omisión en el cumplimiento del deber, perjurio o fraude.

Según la investigación del Ministerio Público, el alegado esquema contempló 141 transacciones en las que los imputados falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de $2.9 millones del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas de obras de construcción para obras de remodelación en la Casa de las Leyes, entre el 2010 y 2012.