Casi 400 piezas de evidencia serán presentadas durante el proceso judicial por corrupción gubernamental que se lleva contra el empresario Anaudi Javier Hernández Pérez y otros coacusados. 

Así lo adelantaron el subjefe de Fiscalía federal, Timothy Henwood, y el fiscal José Capó Iriarte en una moción presentada en el expediente electrónico del caso, presidido por el juez federal Pedro A. Delgado.

La designación de evidencia enumera 390 piezas, que incluyen fotos de los acusados y de otras personas identificadas solamente por sus siglas, más de 100 correos electrónicos, contratos, cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, copias de cheques, facturas con agencias de viaje, más de 50 resumés, declaraciones juradas, recordatorios de reuniones, almuerzos y desayunos, y el detalle de las 20 veces que se utilizó la “suite VIP” en el Coliseo de Puerto Rico del gobernador Alejandro García Padilla, quien era amigo de Hernández Pérez.

El documento de 24 páginas incluye la “segunda orden ejecutiva del Gobernador”, que fue emitida el 3 de enero de 2013 y tenía el fin de “ordenar la consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos existentes, ello con el objetivo de reducir gastos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La evidencia cuenta con declaraciones hechas por algunos de los 10 acusados a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), facturas de agencias de viajes y de restaurantes, de Salvatore Ferragamo, entre otras.

También menciona varios correos electrónicos de recordatorios de almuerzos y desayunos con algunos coacusados y de una reunión con “Jaime”, que se entiende fue con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Otros correos electrónicos fueron para presentar una propuesta a dicho cuerpo legislativo para instalar un sistema de WIFI. Ya la compañía 3 Comm Global de Hernández Pérez tenía el contrato de instalación y mantenimiento del cuadro telefónico.

Entre los correos electrónicos, algunos leen: “Endosos”; “Ayúdame con...”; “Cumpleaños de Anaudi”; “resumés”; “Aportaciones de Anaudi”; entre otros.

Los acuerdos para el uso de la “suite VIP” del Coliseo de Puerto Rico fueron para los conciertos de: Don Omar, Miley Cyrus, 30 Seconds to Mars, Yandel, David Bisbal, Plan B, La Ley, Carlos Vives, Wisin y Prince Royce, Jowell y Randy, REO Speedwagen y Starship, Zion y Lennox, Ricardo Arjona, Tego Calderón, Enrique Iglesias y Pitbull, Journey, Imagine Dragons, Nicky Jam, Marc Anthony y Katy Perry.

Una conferencia de estatus está pautada el 22 de abril, y el juicio, para el 10 de mayo.

Ya Hernández Pérez hizo alegación de culpabilidad en febrero pasado a cambio de una sentencia recomendada de entre 70 y 87 meses de prisión. Fuentes indican que está cooperando con las autoridades.

La acusación contra él y otras nueve personas es por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

El primer esquema de fraude, según plantearon las autoridades federales, implicó a Sally López Martínez, a quien Hernández Pérez recomendó para que administrara ADL, así como a Luis Gerardo “Jerry” García Padilla, hermano del gobernador. El nombramiento de López Martínez tendría el fin de conseguir contratos con compañías que creó Hernández Pérez, muchas de ellas luego de las elecciones de 2012. 

Se consigna en la acusación que el empresario mantenía una relación cercana con López Martínez haciéndole costosos regalos que anotaba en un registro. Al momento de su arresto, López Martínez estaba en destaque en la Oficina de Ayuda al Ciudadano en La Fortaleza. 

El segundo esquema fraudulento implica a Sonia Barreto Colón e Ivonne Falcón Nieves, quien era directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, con el fin de obtener contratos. 

Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas, según las autoridades federales. El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta “corrupto” en el que la compañía de Hernández Pérez, 3 Comm Global, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente.

Los coacusados en este caso son López Martínez; Barreto Colón; Falcón Nieves; su hermana Marieli Falcón; el exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; el exempleado de la Cámara, Víctor Rafael Burgos; y los empresarios Carlos Luna y Javier Muñiz Álvarez. 

De ser encontrados culpables en el Tribunal Federal, se exponen a una pena máxima de 20 años de prisión.