La Coordinadora Paz para la Mujer está vigilante al caso de acoso sexual contra tres mujeres denunciando en la Compañía de Turismo y que vincula al extitular de esa agencia, José Izquierdo.

El grupo que reúne a 34 organizaciones estableció que se dejará sentir con la misma “militancia” que usaron para denunciar y sacar de su cargo al entonces alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, contra quien pesan siete cargos por violencia doméstica en su modalidad de maltrato, agresión sexual, acoso sexual en forma de hostigamiento sexual en el empleo, exposición deshonesta, actos lascivos (contra una segunda víctima) y dos cargos por violación a Ley de Ética Gubernamental.

En el caso de Turismo, un informe de la entonces procuradora interina de la OPM, Carmen Lebrón, concluyó que hubo hostigamiento sexual contra tres empleadas de esa agencia por parte de Izquierdo.

La investigación culminó con referidos al Departamento de Justicia (DJ) y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra  Izquierdo; el principal asesor del gobernador, Alfonso Orona; el asesor económico del gobernador y su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, y el director de recursos humanos de Turismo, Giovanni Narváez.

“Siempre se minimiza cada vez que una víctima lleva una querella o hace una denuncia (y) como sobreviviente de violencia doméstica lo sé… Al día de hoy continúa la crisis… todas las denuncias que hacemos quedan, dependiendo a dónde van”, indicó Hilda Ramón, de la junta directiva de la Coordinadora y sobreviviente de violencia doméstica hace 25 años.

Ejemplificó que en el caso de Izquierdo “es un asunto político y un asunto de que lo vamos a pasar por debajo de la mesa y no vamos a tomar en consideración; con trasladar a las compañeras a otras agencias el problema no se resuelve. Igual pasó en el municipio de Guaynabo; con callar las personas… tampoco se resuelve el problema…”.

Ramón fue una de las portavoces de diversos grupos que hoy denunciaron en conferencia de prensa la “crisis nacional” que viven las mujeres en el país y que siguen batallando con la crisis económica, las reformas laborales y el aumento en casos de violencia de género y agresiones sexuales.

A esto, según la Coordinadora, se suma "la inacción del gobierno" en atender esas necesidades que se recrudecieron luego del paso del huracán María.

Según estadísticas de la Policía, en lo que va de año se han adjudicado 8 asesinatos de mujeres por violencia de género y un hombre. La cifra total de mujeres víctimas del crimen es de 21, según la Uniformada, para ese mismo período.

Estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, según el diario El Nuevo Día, revelan once casos de violencia de género en lo que va de año.

La abogada Josefina Pantoja reiteró -por su parte- que “vamos a observar la misma militancia” que se tuvo con el caso de O’Neill, referente al caso de Izquierdo.

Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, fue otras de las que mencionó que además de la militancia de los grupos feministas urge la de los “medios de comunicación… Es importante que no solamente nosotras salgamos a la calle, sino que los medios de comunicación nos cubran y lleven ese mensaje. Nosotras estamos en la calle y estamos denunciando, estamos en las redes… y estamos para demostrarle a las mujeres del país que estamos para ellas y que las estamos apoyando”, acotó.

De otro lado, en la conferencia de prensa celebrada hoy en el Colegio de Abogados y a la que se unieron otras organizaciones a la Coordinadora, se denunció la falta de protocolos para atender a las mujeres y sus familiares en momento en que son acogidas en un refugio luego del paso de un fenómeno atmosférico.

Tanía Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud, recordó que tras el paso del huracán María hubo victimarios que estuvieron con las víctimas en los refugios.

“Me parece que es vital la voz de las mujeres y del liderato comunitario… Es importante integrar la experiencia del huracán María (ante) la posibilidad de que haya un colapso total de comunicaciones, de transportación por la falta de gasolina, de previsión de alimentos, de agua…”, que fue lo que pasó luego del ciclón en septiembre pasado, sostuvo Rosario.

Aceptó que es cuesta arriba hacer “un análisis de daños que nos permitan hacer un protocolo” cuando el gobierno, “aunque hubo una cantidad de muertes considerables…” no revela los datos de la “cantidad y circunstancias de esas muertes”.

Mientras, Vilma González presidenta de la Coordinadora Paz para la Mujer, aceptó que es “un problema serio” que en plena temporada de huracanes no haya un protocolo para los refugios que incluyan “qué cosas van a hacer con las personas que son víctimas de violencia doméstica… qué van a hacer si es un ofensor sexual el que se encuentra dentro de ese refugio; cómo van a manejar el asunto; qué van a hacer en el caso de que se dé una agresión sexual.... Eso debe estar ya en los protocolos porque ya estamos en una nueva temporada de huracanes”, indicó.

Recordó que ellas desarrollaron “un protocolo con perspectiva de género que está a la disposición del que lo quiera usar”.

De su parte, Jenice Vázquez, de Casa Protegida Julia de Burgos, alertó a las mujeres a “que sepan que no están solas, que deben seguir denunciando, y las organizaciones vamos a estar para acompañarlas… La inacción del Estado no puede ser motivo para que las mujeres continúemos recibiendo violencia de género…”, alertó.

Argumentó que aunque “no tenemos garantía de que el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer” seguirán denunciando los casos y actos de violencia de género, agresiones sexuales y hostigamiento sexual en el trabajo”.