Rosa Lydia Vélez, la mujer que hace 34 años demandó al Departamento de Educación (DE) para reclamar servicios de educación especial para su hija, Isamar Malaret, se mostró satisfecha con la determinación tomada por el tribunal de aumentar la multa que esta agencia paga por su incumplimiento con los niños y las niñas de educación especial.

“Ya era tiempo. Ya los niños han sufrido demasiado. Esta justicia la esperábamos, pero esperamos que no nos impresione el aumento de las multas, sino que haya acción. Una acción que se ha estado esperando durante 34 años. Lo que siempre se ha buscado es que ningún niño quede sin servicios. Sabemos que aunque sea una decisión fuerte, era la decisión que estábamos esperando por años. Ojalá esto sea un comienzo para que haya esperanza para la educación especial en Puerto Rico”, apuntó Vélez, luego de concluidos los actos de inauguración de la sede de San Juan del programa Música 100 x 35.

La mujer fue invitada a la actividad al igual que el titular del DE, Rafael Román. De hecho, Vélez y Román compartieron tranquilamente.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó aumentar la multa que el DE paga por su incumplimiento con los estudiantes de educación especial de $2,000 a $10,000 diarios, tras reiterar que esta agencia ha desacatado sus órdenes en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez.

La jueza Aileen Navas Auger también impuso una sanción especial de $300,000, que deberá ser pagada en 60 días a partir de la emisión de la orden, que tiene fecha del 13 de noviembre.

La orden también establece que el tribunal podrá ahora encontrar incurso en desacato a todo funcionario, empleado o agente del DE que no coopere con el cumplimiento de la Sentencia por Estipulación emitida el 14 de febrero de 2002 y en la que se incluían todos los servicios que la agencia debía proveer y acciones que tenía que tomar para cumplir con la clase demandante.

 “Ante estos informes, yo felicito a la jueza porque no le tembló el pulso y después de 34 años, tomar una acción correcta. Hemos tenido pérdidas en la educación de los niños, pero hay que seguir hacia adelante”, expuso Vélez.

“Tengo sentimientos encontrados. Ya mi hija va a cumplir 41 años, ella no se benefició de las estipulaciones, pero saber que pueda haber un cambio en la sociedad donde no tengamos que seguir llorando por nuestros hijos. Esa es nuestra esperanza, que no se le den migajas y se les otorgue lo que por ley les pertenece. Esos niños necesitan ser tratados con dignidad”, puntualizó.

Por su parte, el secretario del DE, Rafael Román reconoció que para su agencia es incómodo “estar pagando una multa” y señaló que el problema con el cumplimento de todas las estipulaciones del caso de clase radica en que su agencia “tiene que evidenciarlos de una manera más efectiva”.

“Hay 87 estipulaciones que nos mide el tribunal. Hay estipulaciones que se cumplen. Hay otra que a base de lo que mide la monitora, el Departamento no cumple a cabalidad. Nosotros tenemos que esforzarnos en mostrar evidencia de cumplimiento, y me parece que ahí está el asunto. Hay 160,000 niños, hay niños que reciben el servicio, hay estipulaciones que se están cumpliendo, pero tenemos que evidenciarlo de una manera más efectiva. Hay áreas que se evidencian y el tribunal determina si lo que sometemos de evidencia es aceptable o no es aceptable”, explicó Román cuando se dirigía a participar de la inauguración de la escuela Arturo Somohano como sede del programa Música 100 x 35.

Sin querer entrar en los méritos de la decisión de la jueza, el funcionario agregó que han estado trabajando para implementar un plan de trabajo interno para cumplir con las estipulaciones del caso.

“Nosotros vamos a evaluar el curso de acción. No cumplir no es una opción, nosotros cumplimos con las determinaciones judiciales. Lo que tiene que ver con la determinación de la jueza sobre las sanciones, lo evaluaremos en la semana con nuestro equipo legal”, acotó Román.