Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón se encuentran consultando durante la tarde de hoy, martes, con el fiscal Héctor Rivera, la posibilidad de que se radiquen cargos criminales por violación a la Ley de Armas contra tres individuos que se grabaron disparando al aire durante la Despedida de Año. 

"Chequéate cómo celebramos en Bayamón", indicaba uno de ellos mientras comienzan a apuntar y accionar las armas hacia el aire, según el vídeo que fue colgado en una cuenta de la red social Twitter.

Los investigadores identificaron a los tres sospechosos de 19, 23 y 43 años, todos vecinos de la urbanización Santa Rosa en Bayamón, mediante sus perfiles en las redes sociales y confidencias que recibieron, por lo que fueron citados a comparecer hoy, ante las autoridades.

Dos armas y municiones de salva les fueron ocupadas, para las cuales no se requiere una licencia ya que las mismas detonan, pero no disparan proyectiles como las verdaderas.

Se está evaluando si el trío, que no tiene antecedentes penales, violó el artículo 5.15 de la Ley de Armas por el uso inadecuado de las mismas al hacer detonaciones al aire ya que el estatuto no excluye las balas de salva. 

Uno de los detenidos es estudiante universitario.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, indicó en su cuenta de Twitter que con la investigación los detenidos serán llevados a la justicia.

“Adelantada la investigación del vídeo de los disparos al aire en despedida del año. Los esfuerzos en conjunto con la Policía de Puerto Rico llevaremos a la justicia a los irresponsables”, escribió Vázquez.

Horas después de difundido el vídeo, ante la avalancha de críticas y las advertencias de las autoridades de que iban a investigar los hechos, el individuo presuntamente lo borró y alegó que se utilizaron balas de salva.

Disparar al aire está prohibido por Ley de Armas durante esta época festiva al igual que en el resto del año. Cualquier persona que incurra en este delito grave enfrentará una pena de reclusión, por un término fijo de cinco años. De mediar circunstancias agravantes, la pena podría ser aumentada hasta un máximo de 10 años.