Ojos con la confrontación: no más Antonia Martínez
Ayer comenzó el paro estudiantil anunciado que se supone haya dado inicio a un proceso de diálogo entre el estudiantado y las autoridades universitarias.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
PUBLICIDAD
Aquellos que un día derramaron sus pétalos de sangre, no sabían que así…”
Escuchar a la superintendente Michelle Hernández hacer expresiones en torno a que la Policía impondría las reglas, de concretarse una huelga en la Universidad de Puerto Rico, erizó la piel de muchos.
Sonó a peligro, provocación, a amenaza. Fue como un “si buscan, encuentran”.
Ayer comenzó el paro estudiantil anunciado que se supone haya dado inicio a un proceso de diálogo entre el estudiantado y las autoridades universitarias.
Es preciso en este momento que los funcionarios directivos de la UPR tengan presente que debe prevalecer el deseo de paz, de no confrontación, de diálogo y de protección de los derechos civiles.
Advertir con tono autoritario que mantendrían los portones abiertos para permitir el paso de los alumnos que deseen entrar “a estudiar”, sin la autoridad para hacerlo, antes de que tan siquiera hubiese iniciado el paro, pareció una invitación a la confrontación y la discordia.
Del diálogo no producir un acuerdo satisfactorio, el 6 de abril iniciaría la huelga indefinida.
Los estudiantes exigen que se audite la deuda antes de que se reduzcan $450 millones del ya de por sí menguado presupuesto de la principal institución educativa del País. Representa un recorte exorbitante. Amenazan de muerte a nuestra Universidad y el acceso de nuestros jóvenes, en su mayoría pobres, a una educación de calidad que permita superar las barreras de la indigencia.
La auditoría de la deuda no es solo un clamor de los universitarios, es un reclamo de un gran sector del pueblo, que tiene derecho a saber cuánto de la deuda es real, cuánto es ilegal y quiénes son los responsables.
Los agoreros del miedo advierten que la Junta de Control Fiscal puede cerrar y privatizar la Universidad. Hay intereses ocultos. Sería terrible que lo intenten.
¿Por qué no quieren auditar la deuda? ¿Por qué la Junta contrata como directora ejecutiva y paga una escandalosa suma de dinero a una ucraniana, cuya pulcritud ha sido cuestionada?
Los buitres nos acechan.
Ahora, cuando el paro estudiantil y la inminente huelga cobran visos reales, repican las expresiones de la Superintendente despertando amargos recuerdos de lo sucedido un 4 de marzo de 1970, durante una huelga universitaria, en la que un policía segó la vida de la estudiante Antonia Martínez Lagares. A la joven le bastó gritar asesino a un agente que descargaba su furia contra un estudiante, para que él se volteara y le disparara en la cabeza. El crimen quedó impune. Nunca se acusó y procesó al asesino.
El cuerpo de la Policía está bajo la supervisión de un monitor federal, justo por habérsele entrenado e inducido a una conducta de uso excesivo de la fuerza y de violación de derechos civiles. No es necesario exacerbar los viejos prejuicios. Los policías, en proceso de reeducación, también son parte del pueblo. Un pueblo en crisis y necesitado. Su función es asegurar el orden y proteger vidas y propiedades, pero no es la de ser agentes provocadores. Si así sucediera, se desataría el caos, saliéndose la situación de control.
Es igualmente preocupante la acción de la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, de acudir a los cuarteles de la Policía para “orientarse”.
¿Orientarse de qué?
La presidenta debe propiciar el diálogo y la comunicación con los estudiantes y la comunidad universitaria, pero no la confrontación. Su función, en tiempos de conflicto, es velar por la seguridad y el bienestar de los estudiantes bajo su tutela. No es la de antagonista.
Como bien reconoció la Superintendente, tras retractarse de sus palabras, la institución tiene su guardia universitaria.
Siempre que la Policía ha transgredido esos portones han ocurrido desgracias. No queremos más Antonias.