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Por Jay Fonseca

Esto tiene Salvación

El Tribunal Supremo viste de Clubman

05/27/2013
Jueces del Tribunal Supremo (Primera Hora/ Vanessa Serra Diaz)
Jueces del Tribunal Supremo (Primera Hora/ Vanessa Serra Diaz)
“En Derecho aprendes, desde el primer día –si no fuiste a mamotretear– que la rama apolítica está plagada de política, pero se disfraza con una toga para que no se le vea el refajo”

Estudié para ser abogado porque repudio que traten de cogerme a mí o al pueblo de tonto. Aprendí allí que casi todos los abogados padecen de depresión  o de negación.

 En Derecho aprendes, desde el primer día –si no fuiste a mamotretear–, que la rama apolítica está plagada de política, pero se disfraza con una toga para que no se le vea el refajo. Siempre hay excepciones dignas y competentes, pero enfrentarte desde joven a eso de que la “justicia es como un trapo de inmundicia” puede causar una impresión muy dura. 

No es fácil para la gente soñadora y que desde la niñez creyó poder cambiar el mundo a través del sistema, chocar con la pared que te dice que esto es un teatro análogo a la lucha libre y que es muy poco lo que se puede cambiar desde allí. 

 Escribo esta columna sabiendo lo que implica, pero estudié derecho para intentar mejorar a Puerto Rico, no para ser un pusilánime y silente sujeto que haga dinero sin dejar huella. Los abogados y abogadas tenemos una espada de Damocles cuya ineludible persecución comienza en Puerta de Tierra y nos recuerda, a través de los llamados Cánones de Ética, que el Tribunal Supremo puede quitarnos la licencia. 

Los jueces y juezas son similares a semidioses que van adquiriendo su deidad y poder conforme van escalando de puesto hasta el Supremo. Lo que allí digan determina el resto de tu vida, tanto sobre tu libertad como sobre tu propiedad. Al decidir en tu contra como abogado, se te puede percibir como incompetente y perder clientes, aunque sea una cuestión personal. 

No es poca cosa ser juez y que con cada malletazo se juegue con la vida y propiedad de un ser humano para siempre. Menos  poca cosa es para abogados y abogadas atreverse a decir lo que realmente piensan cuando su licencia y clientela están en juego. Conozco ese sentimiento muy bien. 

Ahora, el Tribunal Supremo tiene un poder único reservado en el pasado solo para la realeza y los dictadores. Sus miembros no solo pueden decidir en tu contra, pueden decidir que no puedes ni llegar a la puerta del tribunal a través de varias doctrinas llamadas: standing, “madurez”, “academicismo” y  “cuestión política”. Si el tribunal aplica una de esas, no puedes ni llevar tu caso, pues no lo van a discutir en sus méritos. Simplemente, no lo atenderán. ¡Qué clase de poder tienen y qué poco tiempo les dedicamos cuando un gobernante nombra a esas personas para que lo ejerzan! 

Dos jueces asociados del Tribunal Supremo nombrados por Luis Fortuño plantearon esta semana un tema importantísimo: el acceso a la justicia. Dijeron que, tras la aprobación de dos proyectos de ley sobre los poderes del juez presidente y recursos judiciales, se le estaba quitando al pueblo el acceso a la justicia. 

Esa discusión es principalísima para los puertorriqueños, pero pasa bajo el radar, a pesar de que en ella se puede decidir el resto de la vida y propiedad de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra existencia.    

El juez Estrella dijo en una carta al gobernador que quitar el recurso de certificación (que el Supremo sea el primer tribunal en ver un caso) “menoscabará los derechos individuales de los ciudadanos”,  “desalentará que organizaciones ambientales impugnen exitosamente permisos” y “fomentará la incertidumbre en controversias de alto interés público”.  

El juez Martínez Torres expresó que “el pueblo debe tener el acceso a los tribunales para poder vindicar los derechos cuando entiende que han sido afectados” y advirtió que los países que no poseen esos mecanismos “caen en la dictadura”.

 ¡Qué bueno que quieran acceso a la justicia para el pueblo en el debate público! Pero con su actuación judicial, han procurado lo contrario. 

Fue precisamente el juez Martínez Torres quien recortó radicalmente los derechos de los grupos ambientalistas para impugnar desarrollos nocivos en el caso de Fundación Surfrider v. ARPE. También, quien mediante una doctrina de standing sumamente restrictiva les cerró las puertas a los vecinos del gasoducto, dejando claro en Lozada v. AEE que nadie podía demandar contra el “tubo de la muerte” antes de que explotara. Una vez explotara y las llamas fueran entrando por tu ventana, entonces podías ir al tribunal para “tener acceso a la justicia”.

Fue Martínez Torres y la mayoría quienes cerraron las puertas del foro público en la UPR y les quitaron el derecho a la huelga a los estudiantes decidiéndolo “por casualidad” justo el día antes de que empezara una huelga. También estuvo de acuerdo con negarles el derecho al trabajo a miles de despedidos bajo la Ley 7 sin una vista evidenciaria en la que tuvieran “acceso a la justicia”. 

Este fue más allá negándoles a los electores el derecho que tienen  a que todos los votos se cuenten en el caso de Suárez Cáceres, justo después de decidir el sacrosanto derecho de los ex gobernadores a una escolta porque esos sí tienen “acceso a la justicia”. 

Por su parte, Luis Estrella trabajó como un destacado asesor de la pasada Asamblea Legislativa, donde comenzaron dichas controversias. Allí se le cerró las puertas a la ciudadanía y se legisló por descargue como nunca antes para evitar el cabildeo y el acceso de quienes se oponían a medidas. 

¿Quieren hablar de acceso a la justicia? Ayuden a Servicios Legales, Asistencia Legal, Pro-Bono y al Instituto Legal. Lo demás es cinismo.

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