Por alguna razón no le damos importancia a quien llega a ser juez o jueza. El proceso de selección de esa persona que puede decidir mi futuro para siempre no tiene relevancia pública. Literalmente, casi todos los jueces y juezas son confirmados sin mayores reparos, sin oposición alguna. Solamente a un grupo de abogados y abogadas parece importarle, a pesar de que esa gente vestida de toga puede determinar que vas preso de por vida o que perderás tu propiedad o los ahorros de toda una vida, si así lo entendiera. Aunque con alguna importancia, también está pasando bajo el radar la designación de la persona que ocupará el cargo de juez presidente del Tribunal Supremo, ahora que el próximo 12 de abril Federico Hernández Denton cumple los 70 años y por tanto ya no puede ser juez en Puerto Rico, pues así dispone la Constitución.

La importancia de esa persona es enorme. Es quien dirige la Rama Judicial, quien administra el presupuesto de esta y quien decide qué juez atiende los casos, y si escoge a una persona para dirigir la sala equivocada o vota incorrectamente en un caso puede afectar tu vida para siempre y sin remedio porque, como dijo el juez Jackson, del Tribunal Supremo federal: “Los jueces no somos los últimos porque somos infalibles, somos infalibles solo porque somos los últimos”.

Hernández Denton tuvo sus controversias con el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Roger Iglesias. Thomas Rivera Schatz hasta lo trató de meter preso con una investigación sumamente cuestionable. Pero si hay algo que nadie puede cuestionar de Hernández Denton es que es una persona brillante que tuvo la sagacidad y el juego de pies para manejar la rama que a la larga decide si algo se puede hacer o no  en la Isla. De hecho, por 29 años fue el intérprete principal de la Constitución de Puerto Rico y según los propios jueces nombrados por Luis Fortuño (Erick Kolthoff y Rafael Martínez Torres) es muy respetado por todos allí. Esto, a pesar de que Hernández Denton fue director de campaña del Partido Popular Democrático (PPD) en su momento y el primer secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Aun así, todos nos enteramos cuando se dan casos de sentencias flojas; de los asesinos borrachos al volante que salen bien; de las determinaciones de no causa cuestionables; de la incapacidad de la Policía y de la Fiscalía de hacer investigaciones inmaculadas; de la forma en que el sistema falla con las órdenes de protección; de los jueces que tienen que ser destituidos por problemas de violencia y de uso de drogas o por guiar borrachos; y hasta de los policías decentes que pierden la vida a manos de una persona que sale por la puerta ancha del tribunal después de ser declarado no procesable. Y lo peor es que no se confía en el Departamento de Justicia. Para colmo, ahora las autoridades federales y, por tanto, la prensa cuestionan la legitimidad de la Rama Judicial, la cual necesita urgentemente que la gente crea en ella porque, de lo contrario, si el pueblo no cree en los jueces, este tomará la justicia en sus manos.

Además de esto, los pobres no pueden ir al tribunal pues no pueden pagar abogados y si van por derecho propio les pasan el rolo. No hay suficientes abogados de oficio y no los hay en casos civiles, mientras la ciudadanía es víctima de una economía en caída libre que no le permite tener acceso a la justicia.  A su vez, no hay tecnología suficiente y los casos tardan años, ayudando a quien puede pagar el abogado, mientras se agotan los recursos de las clases pobres. El propio Tribunal Supremo también le cierra las puertas a la gente en la cara con decisiones de “standing” cuestionables, y se ha convertido en una corte ultraconservadora, cuando su rol es garantizar los derechos constitucionales primero que todo.

El gobernador Alejandro García Padilla tiene ahora una oportunidad de oro sobre sus hombros: la obligación de elegir a una persona brillante, con sagacidad y astucia para llenar la silla de juez presidente del Tribunal Supremo. Que tenga experiencia en litigio, con una trayectoria académica incuestionable y la habilidad y el juego de pies necesario para mantener al país enterado de lo que sucede en el alto foro judicial. Esa persona tiene que tener también la pericia legal necesaria para que nadie le pueda meter las cabras al corral y que sea progresista para contrarrestar ese ambiente ultraconservador que se ha apoderado del Supremo.  Tiene que ser una persona de mayor apertura a los procesos judiciales y con un dominio del rol de la prensa y de los medios de comunicación en nuestra sociedad, pues de ahí depende que la ciudadanía confíe en la Rama Judicial. Y tiene que ser una persona que en todo momento respete la importancia de la lucha por los derechos de la mujer.  En fin, hace falta una figura realmente poderosa y hábil para liderar la Rama Judicial en este momento. 

Ante ese reto es importante examinar los tres nombres que suenan con mayor insistencia: Carlos Dalmau, José Andreu Fuentes y Ángel Colón. Dalmau fue director en jefe de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico (UPR), oficial jurídico de Hernández Denton, ha publicado escritos en prestigiosas revistas jurídicas, obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, trabajó con comunidades indigentes a través de la oficina de Servicios Legales de Nueva York, es profesor de varios cursos de propiedad intelectual en la UPR desde el 2006 y abogado litigante desde la práctica privada. 

Andreu Fuentes fue oficial jurídico del juez presidente Víctor Pons, obtuvo una maestría en derecho en la Universidad de Emory, trabajó también con comunidades indigentes a través de la oficina del Defensor Público en Atlanta, fue fiscal y trabaja actualmente como abogado litigante.  Colón es el asesor legal de La Fortaleza, fue oficial jurídico de la jueza asociada del Supremo Miriam Naveira y del juez presidente Hernández Denton, fue director de la Junta Examinadora que redacta el examen de reválida para abogados, fue juez municipal, ayudante especial de Hernández Denton y ha sido durante más de una década profesor de Derecho en temas de procedimiento civil en la Universidad Interamericana. 

Desgraciadamente los jueces no son seleccionados sin criterios políticos. En vez de ser una escuela judicial con oposiciones y que quien mejor salga en exámenes y paneles sea el juez… pero ese no es el caso. Decía un profesor de Derecho de la UPR que en este país para ganar un caso no solamente hace falta tener razón, sino que el juez te dé la razón. Ese nerviosismo que sentimos como país de confiar nuestros asuntos a los jueces y juezas, unido a la diarrea imparable de escándalo tras escándalo que vivimos, exigen que los puertorriqueños también le exijamos al gobernador el mejor líder posible para la Rama Judicial.

Alejandro debe admitir que no le ha ido bien al mando del país. Prometió cosas imposibles por la situación fiscal de Puerto Rico. Hay mucha decepción, pero esta es su oportunidad. Le hago un llamado a tomar muy en serio esto y a escoger a la persona idónea, que tenga experiencia y el respeto del país y no solo del PPD. Es el momento de ser y comportarse como un “hombre de Estado”. Necesitamos un juez presidente que sea unificador en derecho y que devuelva la confianza en la Rama Judicial. Un juez presidente que esté a la altura del conocimiento de la tecnología que será el futuro de la profesión legal y del litigio prospectivo, particularmente si queremos ser una economía del conocimiento. Alejandro, es tu turno, crécete.