Los datos son apabullantes y tan duros que nos dieron en la cara. A la Junta de Control Fiscal le corresponde hacer lo que mandata la  ley que haga. Pero ni eso han querido hacer. En su pusilanimidad o contubernio con los bonistas la Junta no se atrevió a intervenir de inmediato en todos los casos ante el tribunal federal donde los bonistas buscan cobrar así los boricuas pasen hambre. Con esto, la Junta viola la intención legislativa del Congreso donde su propia creación buscaba dar estabilidad a Puerto Rico en lo que se decidía qué hacer con la deuda, pero evitando el colapso que se avecinaba el 1 de julio de 2016.    

Contrario a todo el cacareo público, la Junta de Control Fiscal (para fines de esta columna) tiene unos deberes bastante sencillos:

1. Cuadrar los presupuestos por los próximos 5 años.

2. Devolver a Puerto Rico el acceso a los mercados de bonos. O sea, poder volver a coger prestado y que la gente de Wall Street nos quiera comprar bonos.

3. La aprobación de un plan fiscal sobre el cual todo lo demás tendrá que girar para fines de cuadrar las finanzas.

Si esta es la responsabilidad de la Junta, sin duda alguna los datos presentados en el Plan Fiscal el viernes pasado por la Administración ante ellos tienen que obligarla a actual a la brevedad.

También, si a Estados Unidos de verdad le importamos tiene que actuar a la brevedad posible para evitar la que ellos mismos bautizaron como “crisis humanitaria” la cual podría ocurrir si ellos no hacen lo que corresponde.

El Plan Fiscal enviado por el gobernador es bastante claro, Estados Unidos necesita rescatar a Puerto Rico. El Estado Libre Asociado acabó y como tal debe entenderse. El aparato gubernamental que tenemos es insostenible, pero a la vez muchos de los servicios colapsarían de no existir el Estado vigente. El gobernador fue allí  a pedir que por favor Obama y el Tesoro federal den continuidad al impuesto de las foráneas que sin ese dinero nos quedamos sin 2 billones al año. Pidió paridad en Medicaid y Medicare para evitar el colapso aún peor de nuestro modelo de salud. Si Obama no hace lo propio, perderemos al menos 1 billón al año para servicios de salud de nuestra gente. Ya ahí hay 3 billones al año que dependen de que el gobierno federal actúe.

Pero más allá, según el Plan Fiscal el gobierno de Puerto Rico no puede ni cesantear empleados públicos ni reducir la jornada. Conforme a los datos presentados, la economía local está tan delicada que hacer cualquier movimiento como ese puede significar en una espiral económica desastrosa. Algo así como un tapón en la pileta que cuando lo sacas se un remolino en el agua, pues eso ocurriría con nuestra economía.

Además, el Plan Fiscal presentado dice que el servicio de la deuda sostenible para Puerto Rico es simplemente CERO, NADA, BOQUETE, ROTO, NULO. Sí, los datos muestran que el déficit de Puerto Rico con el pago de la deuda por los próximos años es cerca de 60 billones de dólares. Sin el pago de la deuda es de 25 billones de dólares. Simplemente, es insostenible el nivel de endeudamiento que tenemos y para poder pagarla de verdad y a la vez sostener el aparato gubernamental sin colapsar la economía hay que exigir la reestructuración inmediata.

Resulta en un “malpractice” que tras tener los datos en sus manos la Junta de Control Fiscal no haya ido de inmediato al Tribunal Federal y solicitar que se radique en quiebra bajo PROMESA a casi todas las instituciones del gobierno de Puerto Rico. El descalabro es tal que honestamente, no lo hemos comprendido. Nos corresponde a nosotros hacerle saber al pueblo que el trabajo de la Junta precisamente es cumplir con un Plan Fiscal que nos devuelva a los mercados y que nos lleve a cuadrar el presupuesto. Ninguna de esas cosas es compatible sin un rescate federal o sin una reestructuación dramática de la deuda.