Placeholder

Por Jay Fonseca

Esto tiene Salvación

Si eres corrupto te ascienden a Fortaleza

12/07/2015
“Soluciones hay para evitar esta película de empresarios con Rosselló, recaudadores de Aníbal o amigos de Alejandro”

El ELA está a punto de morir y Alejandro García Padilla ser el sepulturero. Pero no, no es por la película de Anaudi Hernández. Anaudi participó en cientos de actividades de recaudación de fondos para el gobernador y su campaña. Nadie está en cientos de actividades para coger dinero para alguien sin pretender que no habrá nada a cambio. Escribiré aquí lo que entiendo es la solución para Puerto Rico sobre esto (he escrito varias columnas de este tema). Pero antes, cosas importantes ocurrieron entre Puerto Rico y Estados Unidos que pasaron bajo el radar por la corrupción en el PPD llevarse los titulares. 

Mientras arrestaban a los íntimos del PPD, Sally López y Anaudi Hernández, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidía revisar dos casos sumamente importantes para nuestra historia. El Tribunal Supremo federal acogió ver el caso ELA v. Sánchez Valle, en el cual la corte tendría que decidir la autoridad del Estado Libre Asociado y cuánto poder tiene el Gobierno de Puerto Rico. También ocurrió una movida histórica cuando la Corte Suprema casi a la vez decidió entrar en el caso de Puerto Rico v. Franklin. Dicha corte rechaza atender el 99% de los casos que le presentan, así que esto es bien raro que ocurra. Lo brutal es que por primera vez en mucho tiempo nuestro futuro político y económico está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, igual que lo estuvo en 1901-1903 en Downes v. Bidwell y como estuvo en 1922 en el caso de Balzac v. Porto Rico.

Desde el 1952 no habíamos estado en escenarios tan trascendentales sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. En ELA v. Sánchez Valle la Corte Suprema federal decidirá si la Constitución de Puerto Rico tiene valor real o es otra ley federal cualquiera. En este caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que si los federales acusan a alguien, digamos, a Jorge de Castro Font, los estatales no pueden acusarlo también. El problema que tiene eso es que si Puerto Rico acusa, los federales entonces tampoco podrían acusar a alguien por constituir doble exposición. Les doy un ejemplo: imagine que a De Castro Font lo acusan primero a nivel de Puerto Rico y luego los federales. Si la Corte Suprema federal no revoca al tribunal de Puerto Rico y dice que sí, que Puerto Rico es un mero territorio sin jurisdicción propia y que cuando los federales acusaron a De Castro no lo podían acusar también los estatales, se crearía un caos en el sistema de justicia de la Isla, porque cuando el Gobierno de Puerto Rico actúa lo hace a nombre de la Constitución federal, lo que implicaría que si Alejandro acusa de corrupción a Anaudi, los federales no lo podrían acusar. ¡Imagínate lo que pasaría si el Gobierno de Puerto Rico acusara a la gente como De Castro Font y una vez lo acusen a nivel local los federales no lo puedan acusar! 

Pues eso pasaría porque si la Corte Suprema de Estados Unidos decide que solo somos un territorio sin jurisdicción propia y que al Estado actuar lo hace bajo la Constitución de Estados Unidos, automáticamente se forma una carrera al tribunal y el primero que comience el juicio, sea Puerto Rico o los federales, ese es el que puede hacerlo y el otro no. Así que los gobernadores de Puerto Rico podrían ser corruptos y lo que necesitan es ser ellos quienes procesen a los corruptos primero que los federales y echarles sentencias tontejas. 

Igualmente, el caso de Puerto Rico v. Franklin va a determinar nuestro futuro económico. Aquí lo interesante es que el juez Alito se recusó, por lo que ocho jueces del Supremo tendrán en sus manos el futuro económico de Puerto Rico. En ese caso el Circuito apelativo, al igual que el Distrito federal, determinaron que Puerto Rico no puede hacer su propia ley de quiebras. El juez apelativo Torruella, en una opinión disidente brillante, dijo que cuando el Congreso le quitó en 1984 acceso a la ley de quiebras federal a Puerto Rico, lo hizo inconstitucionalmente. La Corte Suprema federal decidirá si Puerto Rico actuó legalmente o el Congreso actuó ilegalmente. Todo nuestro futuro económico depende de esta decisión. Porque si ellos deciden que Puerto Rico no puede hacer su propia ley de quiebras y el Congreso puede quitarle acceso a la ley de quiebras federal, eso implica que Puerto Rico no tiene forma de obligar a los bonistas a negociar porque no tendríamos ley de quiebra alguna. Habría que pagar la deuda completita como está, salvo que el Congreso haga lo que ya ha dicho que no hará. 

Sí, estamos en momentos neurálgicos. El Congreso no actúa, Obama se distancia y ahora la Corte Suprema tiene la bola en su cancha. A la vez que esto ocurre, sujetos como Anaudi Hernández logran accesos privilegiados a cambio de darles billetes a quienes antes donaron al partido. A Sally López, como sabía demasiado, la ascendieron a La Fortaleza. ¿No les parece curioso que cada vez que se rumora que alguien tiene vínculos de corrupción en vez de botarlo lo ascienden a  La Fortaleza? Como Marta Beltrán bajo Aníbal Acevedo Vilá,  que la acusaron de corrupción en Orhela y la ascendieron a subsecretaria de la Gobernación en la Fortaleza, o como a Ángel Morey bajo Pedro Rosselló y ahora Sally López bajo el PPD. A estos los ascienden porque saben demasiado y si los botan, empiezan a cantar. Así que mejor es nombrarlos para tenerlos cerca porque si los botan de seguro hablan. 

La corrupción no es exclusiva de Puerto Rico. Para evitarla en el mundo se han aprobado medidas como: en Japón prohibieron los donativos políticos a quienes tienen contratos con el gobierno. En Dinamarca, el país menos corrupto del mundo, acortaron las campañas a solo varias semanas, no hay anuncios de televisión y solo se gastan $8 millones en el proceso, mientras que en Puerto Rico se puede llegar a $40 millones en el ciclo electoral. En Nueva Zelanda (el segundo país menos corrupto) se establecen topes de gastos de los partidos/candidatos, en Suecia hay financiamiento público fuerte y todos los datos del gobierno están disponibles en internet y en Suiza el país vota por muchas de las leyes que se aprueban. En Singapur las campañas duran nueve días y no se pueden publicar encuestas. 

En estos países hay límites de gastos y donativos en cantidades módicas: Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Corea del Sur, Polonia y Eslovenia. Y en Austria, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Eslovaquia e Inglaterra se ponen límites de gastos. 

Soluciones hay para evitar esta película de empresarios con Rosselló, recaudadores de Aníbal o amigos de Alejandro. Si el PNP y el PPD están indignados de verdad como dijeron, pueden voluntariamente “derogar” Citizens United v. FEC al acoger voluntariamente estas y otras limitaciones. Soluciones hay, faltan co#$%^&^%$.