Desde hace tiempo se sabe que parte de la deuda de Puerto Rico se cogió ilegalmente. Desde hace tiempo que se sabe que gran parte de la deuda se gastó distinto a lo que se dijo que se iba a gastar, violando los contratos. Desde hace mucho, mucho tiempo, se sabe que es imposible gastar $73,000 millones en un país tan pequeño y no tener una infraestructura de primer mundo, a no ser que se cogió el dinero al garete y sin temor a consecuencias.

Hace un año escribí una columna pidiendo crear una Comisión de la Verdad para que se auditara y verificara cada centavo de la deuda para saber qué se tomó y gastó legalmente. Porque si esa deuda se cogió violando la Constitución, se puede no pagar. Porque en ese caso, la deuda desde el principio fue ilegal y no es exigible en un tribunal. De hecho, en otra columna escribí sobre la deuda que específicamente se puede evitar pagar porque se tomó con obvias intenciones inconstitucionales, tanto por Aníbal Acevedo Vilá como por Luis Fortuño.

Esa deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) se cogió en violación a la Constitución. En nuestra Carta Magna, se estableció que no se puede pagar más del 15% de lo que recibe el Gobierno para deuda. Es decir, si el Gobierno recauda $10,000 millones, solo puede pagar en deuda ese año $1,500 millones. Pero, los políticos buscaron formas de obviar lo que dice la ley más importante del País.

En el caso de Cofina se cogieron $16,000 millones que probablemente sean en parte inconstitucionales. También el Gobierno traqueteó a través de lo que llamaron la deuda extraconstitucional. Esto era un truco para que el Gobierno pudiera seguir gastando y no pagaran la AAA, la AEE, AEP y en su momento la Telefónica y otras corporaciones públicas. El Gobierno no podía seguir gastando, pero como no podía coger más préstamos por el límite de la Constitución, no pagaba la luz, agua, etc. y estas corporaciones terminaban cogiendo préstamos que el Gobierno hubiera tenido que asumir si no fuera porque estas lo hicieron.

Eran ambas formas de obviar la Constitución, de seguir el gasto y el traqueteo y como obviamente nadie podía a ir a los tribunales a detenerlos, siguieron haciéndolo ambos partidos. Esto ha sido señalado por el PPT, por el representante Manuel Natal y por diversos grupos. Nadie les había hecho caso. Sin embargo, el debate es si debemos pagar la deuda completa, a mitad, parte, renegociar, etc, pero eso de auditar la deuda pasaba siempre a un segundo plano. Hasta ahora, que todo pareció cambiar. De repente, el influyente senador Bernie Sanders dijo en las vistas del Senado federal sobre Puerto Rico que parte de esa deuda pudiera ser inconstitucional. Fue entonces, por primera vez, que tanto el gobernador como el comisionado residente (PPD y PNP) reconocieron que eso habría que investigarlo y que si fue inconstitucional no se debería pagar esa deuda. ¡EUREKA, ALELUYA!

Esto no es poca cosa. Cofina representa el 22% de la deuda del País y cerca de $1,000 millones en pago de intereses anuales. Si esta deuda se eliminara, bajaría la carga del País en hasta $16,000 millones y con intereses cerca de $56,000 millones. Se le añadiría casi 10% al “cash” del gobierno central, resolviendo el problema de liquidez. También permitirá que se modifique el IVU a un IVA sin problema, lo cual ya probamos que es mejor que el 11.5% aprobado sin alivios contributivos.

O sea, permite reestructurar el sistema de impuestos para darle alivios a la clase trabajadora y aumentar la captación. Y en realidad esto no es un “default”. Si la deuda era ilegal y se emitió, es culpa de los emisores y de las personas que compraron.

Si a eso se le añade lo que pudiera ser parte de la deuda extraconstitucional, se podría llegar a casi una tercera parte de la deuda, hasta $20-$25,000 millones (el número real no lo sabemos hasta que se haga una auditoría) sin legalmente hacer un “default”.

Como dije antes, es imperativo crear una Comisión de la Verdad que estudie la constitucionalidad de cada emisión de bonos y que lleve a corte cualquier emisión que se determine pudo haber sido ilegal o fraudulenta. Esta junta no se debe quedar ahí, también debe señalar a las personas (tanto del Gobierno como banqueros) que participaron en los esquemas para emitir esta deuda “ilegal”, por la cual llevamos pagando intereses años y sin la cual el Gobierno hubiese tenido que hacer ajustes profundos antes y no cuando era mucho más duro.

Finalmente, esa junta tiene un deber de fiscalizar el uso de cada centavo de esos $72,000 millones. Para el País sanar y que pueda moverse se tiene que hacer justicia y que las personas que malgastaron el dinero paguen (si sus actos fueron ilegales) o como mínimo que sus nombres sean revelados (si sus actos fueron legales, pero poco éticos).

También se tiene que investigar el “insider trading” que puede haber estado pasando con los bonos y fondos de bonos de Puerto Rico desde que todo esto comenzó. La información del Gobierno ha sido terrible durante estos años y todo ha sido por filtraciones, lo cual se presta para que personas bien conectadas puedan adelantarse a las noticias y comprar y vender para su beneficio. No hay prueba que esto se hizo, pero me sorprendería si no ocurrió. Alguien tiene que analizar si los conectados del Gobierno hicieron billetes aquí.

Esto se ha hecho en otros países tras escándalos masivos. En Islandia se creó una junta de este tipo tras la debacle del sistema financiero del 2008. La Special Investigation Commission logró arrestos, multas y que se supiera la verdad de por qué y cómo el sistema bancario del país se salió de control.

Otro ejemplo son las comisiones de la verdad de Latinoamérica, que buscaban descubrir lo que ocurrió durante las dictaduras y traer justicia sobre oficiales gubernamentales corruptos.

De paso, ya que se va a investigar todo lo que se ha hecho mal en el pasado, se tienen que crear reglamentos claros y fuertes para evitar que los políticos del futuro puedan volver a endeudar el País. Propongo enmendar la Constitución y hacer que toda la deuda tenga que tener algún tipo de “sinking fund”. Que no se puede volver a permitir el truco de emitir deuda que no tiene ninguna fuente de repago con el plan de refinanciarla en el vencimiento. Esto lo que logra es que los niveles de deuda sigan aumentando año tras año.

Si toda la deuda tiene un “sinking fund”, el servicio anual de cada emisión va a ser más alto, por lo cual no van a poder volver a emitir cantidades de deuda obscenas como ahora y cada emisión va a tener que manifestar un propósito claro que cree crecimiento para poder repagarla.

También limitaría el termino más largo bajo el cual se puede emitir deuda a 15 años (preferiblemente hasta 10 años). Eso de tomar deuda, gastarlo ahora y dejar a las generaciones futuras con el “bill” tiene que acabar. Como país nos tenemos que comprometer a que cada generación paga su propia deuda. Haría ilegal el que una misma institución que brinde consultoría, “underwriting” y maneje fondos de inversión compre una misma emisión. Crearía leyes que retengan los bonos de “performance” y parte de las comisiones para los miembros de la industria financiera para que se paguen en tres años y si sus clientes tienen pérdidas masivas en ese periodo ocurra un “clawback” automático para disuadir la toma de riesgo excesiva en el sistema.

Soluciones hay, ¿habrá co$%^&?