La crisis fiscal del País ha llegado también a los despachos de abogados, quienes han tenido que reinventarse para poder sobrevivir a la debacle económica recurriendo a reducir drásticamente sus tarifas de honorarios o, lo más curioso, diseñando programas de servicios jurídicos prepagados con características similares a los planes de salud.

Los efectos de la crisis económica ha perjudicado de lleno al sector de la abogacía donde, según el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, se ha ido produciendo un descenso alarmante en la clientela.

“Los abogados no estamos ajenos al golpe económico que el País está sufriendo”, dijo.

Explicó que la reducción de la demanda de clientes en gran manera surge porque las personas lo “están pensando dos veces” antes de acudir a los tribunales para resolver sus conflictos, pues el presupuesto no les da para  poder cubrir los costos que abarcan los litigios. 

“Y estoy hablando de gente que genera ingresos, pero que aun así, simplemente, no tienen los recursos económicos para pagar un abogado”, manifestó Torres Rivera.

El escenario descrito por el presidente del Colegio de Abogados y “la falta de acceso a la justicia” que muchas personas tienen a causa de su situación económica, fue lo que, precisamente, motivó al licenciado Marcos Rivera a fundar  a inicios de año Alpha Legal Group, un seguro que cubre al socio contra el costo potencial de una acción legal promovida por este o radicada en su contra en los tribunales estatales.

“Lo llamo el proyecto anticrisis, porque le garantiza a las personas de bajos ingresos, o que tienen un presupuesto comprometido, poder resolver sus problemas legales cuando, posiblemente, no tenga los recursos para buscar grandes cantidades de dinero”, dijo Rivera conocido por litigar casos como el de Francheska Soto Meléndez, quien fue acusada y encarcelada en junio de 2011, luego que reportes médicos preliminares señalaron que su hija de 13 meses había sido abusada sexualmente; esa alegación resultó ser falsa. 

“De esta forma, resolvemos el problema del cliente necesitado y el de muchos abogados que han visto una reducción de clientes, pues se les garantiza un volumen de casos”, agregó  al explicar que actualmente el programa cuenta con el servicio de nueve abogados.

Rivera dijo que la operación de Alpha Legal Group consiste en que los consumidores compren un plan de servicio legal prepago que deben costear con primas mensuales, dependiendo el paquete que seleccionen de acuerdo a sus necesidades.

Actualmente, hay paquetes individuales, familiares, para padres o madres solteros, personas de edad avanzada, conyugales, pequeñas empresas o juntas de condominios.  

Una vez se establece el contrato mínimo de tres años, el cliente tiene a su disposición una red de abogados proveedores para que les ofrezca un servicio legal que pueden ser declaraciones juradas, divorcios, casos criminales o civiles, deposiciones, declaratoria de herederos, casos administrativos o de pensiones alimentarias, entre muchos otros. 

Cada cubierta tiene un tope anual para gastos.

Por ejemplo, un plan individual paga $20 mensuales y la cubierta es de $2,000 en servicios legales por año.

“Es importante aclarar que se trata de un programa preventivo. La cubierta no está disponible para atender situaciones ocurridas antes de establecido el contrato”, dijo por su parte la licenciada en leyes Maraliz Rivera, quien forma parte del grupo.

Asimismo, destacó que antes de aprobar el ingreso de las personas, se verifica cuál ha sido su historial dentro del sistema judicial.  

Reducción de tarifas

Ante la crisis, otros abogados como  Abelardo Núñez han tenido que invertir en anuncios a través de Google y Facebook para promocionar unas tarifas  honorarias reducidas hasta en un 50% de su precio tradicional.

“Los costos de litigación son altos y eso afecta el acceso a la justicia a mucha gente y ahí es que han caído los costos de honorarios porque nos hemos tenido que adaptar a esa realidad económica del cliente”, aseguró.

“Por una declaratoria de herederos se cobraba no menos de $600 y he visto  ofertas de hasta $250”, comentó quien lleva 28 años en la profesión.

 “En mi caso me he mantenido activo, pero he visto compañeros que han tenido que cerrar sus oficinas y despedir a sus secretarias administrativas legales. Ahora todo eso lo sustituyen por tecnología. Yo soy uno que utilizo los expedientes digitales”, dijo al agregar la morosidad de clientes, como otro asunto que empeora el escenario.

Apoyo en el Colegio

Torres Rivera  aseguró que su institución sirve de apoyo a abogados que han tenido que cerrar  oficinas facilitándoles  un espacio para que se reúnan con sus clientes.

“Además, estamos tratando de que los abogados que sirven a través del programa de ProBono reciban algún tipo de compensación. Y en el área de educación continua, estamos viabilizando unos costos módicos para la oferta de cursos de manera que los abogados puedan cumplir con los 24 créditos al año dispuestos en ley, pero atenuando un poco ese gasto”,  agregó.