No es con mano dura con la que se “enamora” a un estudiante. Un pedagogo y una trabajadora social comunitaria convergieron ayer en que no debe ser punitivo el enfoque para aumentar la retención escolar en el sistema público de enseñanza.

El profesor de educación de la Universidad del Turabo Rafael Cartagena dijo que el acuerdo que anunciaron el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el secretario designado de Educación, Rafael Román, de establecer “un toque de queda” para hacer cumplir la ley que obliga la asistencia de menores de edad a las escuelas “es un enfoque completamente equivocado”.

El educador puntualizó que muchas de las causas por las cuales un niño no va a la escuela no son de intención criminal, mientras la propuesta está enfocada en un castigo al padre que no envía a su hijo a la escuela. Dijo que se asume que el niño vive con sus padres, y el adulto significativo en la mayor parte de las vidas de estos estudiantes no necesariamente son sus padres. “Muchos de ellos vienen de bolsillos de pobreza y de unos padres o de un adulto significativo que no puede ocuparse realmente de ellos, no pueden proveerle modelaje porque a lo mejor no han estado en la escuela”, sostuvo Cartagena.

“Hay que ver si ese niño tiene algún impedimento que le haga muy difícil ir a la escuela como déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad, retardación mental leve. Muchas veces, los estudiantes se van de la escuela porque tienen condiciones que no están siendo atendidas”, indicó. “Ese enfoque es como si todo el mundo estuviera saludable y no van a la escuela porque son irresponsables”, afirmó.

El profesor dijo, además, que la propuesta parte de que la escuela está bien organizada, de que hay un maestro en cada salón de clase, que las clases se dan regularmente y que no hay problemas de planta física ni de falta de materiales. “La soga parte por el área del estudiante cuando se deberían concentrar en que en la deserción escolar la escuela tiene gran parte de la culpa. No se le ve ninguna responsabilidad al maestro en retener al niño. Muchas veces se van porque el maestro los rechaza de diferentes formas; por la forma en que no preparan las clases, porque faltan, porque le faltan el respeto. Estamos poniendo el énfasis donde no va”, sostuvo el educador, quien además dijo que se trata de una ley prácticamente imposible de implantar. “Se tendría que probar que sistemáticamente el niño no va, que no lo están mandando a la escuela y que el Departamento tiene el personal para darle seguimiento. En la práctica, esta ley es letra muerta”, sentenció. “Es una reacción de jaquetones de barrio, es una reacción de bully. No va para ningún lado porque es imposible de implantar”, sostuvo Cartagena.

Doris Pizarro, coordinadora del Instituto de Política Social de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo que el problema de atender la violencia escolar no se resuelve con políticas de mano dura, sino con políticas que mejoren el clima escolar, que van desde atender los problemas de planta física, tecnología, de tener maestros suficientes para que los estudiantes no se queden fuera del aula y currículos más adecuados a las necesidades de los estudiantes.

La profesora subrayó que otro de los problemas que hay que resolver es la participación de toda la comunidad escolar. “Aunque se habla de participación de los estudiantes, padres y maestros en las políticas educativas, eso en la realidad no se da. Hablamos de una participación de calidad que vaya más allá de firmar documentos como que se enteraron, que sean procesos de reflexión desde que se identifica el problema hasta que se buscan las alternativas acordes en el contexto de cada escuela”, dijo.

Pizarro mencionó también “la desigualdad” entre las escuelas especializadas que tienen todos los recursos, que tienen menos matrícula en los salones de clases versus las escuelas ubicadas en comunidades pobres. “Claramente, se nota la diferencia en los servicios y en la calidad de los mismos”, dijo.

La trabajadora social acentuó que no son desertores, sino que la escuela los expulsa por deficiencias en los servicios como el Programa de Educación Especial, las alternativas para el uso del tiempo libre y para que los mismos estudiantes construyan su visión de la realidad, especialmente la visión que se tiene de las comunidades y de sus familias. “No se puede pensar que hay que tratar a los estudiantes con mano dura porque vienen de comunidades donde hay problemas de violencia. El mismo personal escolar construye esta idea de que hay que tratarlos duro porque la comunidad tiene violencia y solo responden a métodos fuertes”, sostuvo.