En momentos en que hay una queralla contra un miembro de la Policía por tratar de intimidar a un periodista, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, aseguró que los derechos constitucionales deben ser protegidos.

En declaraciones enviadas por La Fortaleza, Pesquera reconoció que existe una querella radicada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), en contra de un miembro de la Policía que actualmente está bajo investigación.

“La Asociación de Periodistas de Puerto Rico  radicó una querella en contra de una teniente del Negociado de la Policía y la misma esta en su debido proceso y una vez culmine la investigación se tomarán las determinaciones que correspondan. Igualmente, reitero que no consiento ni tolero ninguna acción que vaya en contra de los derechos constitucionales que nos cobijan”, expresó Pesquera en declaraciones escritas.

Según divulgó anoche la ASPPRO mediante comunicado de prensa, la entidad  radicó una querella administrativa contra la teniente de la Policía de Puerto Rico, Clarisa Ortiz, luego de que esta recurriera a amenazas e intimidación contra un miembro de la prensa para exigir la eliminación de una noticia.  

La querella fue radicada el pasado viernes 27 de octubre por el bufete Rodríguez & Rodríguez C.S.P. , en representación de la Asppro y del periodista que fue objeto de intimidación por parte de una teniente uniformada y armada en el centro de comando del gobierno habilitado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  

Los incidentes ocurrieron  el pasado sábado, 30 de septiembre, cuando se publicó una noticia, que el gobierno alegaba falsa, sobre un derrumbe en Yauco, que había dejado cubierta de fango a toda una comunidad en la región montañosa.  La noticia informaba que la Guardia Nacional de Puerto Rico trabajaba fuertemente en despejar la zona y desconocía al momento cuántas personas habían muerto de 200 que vivían allí.

La Oficina de Prensa de La Fortaleza publicó esa misma noche un comunicado de prensa desmintiendo los hechos, aunque posteriormente el secretario de la Gobernación, William Villafañe, admitió que se trató de un “error” porque, en efecto, había ocurrido un derrumbe.

Esa noche del 30 de septiembre, el periodista fue asediado por alrededor de diez oficiales del gobierno y la teniente Ortiz, quien le comenzó a cuestionar de forma agresiva e intimidante sobre sus fuentes.  Ortiz lo amenazó incluso con llevárselo arrestado si no removía la noticia del periódico digital.

“El proceder de la teniente Ortiz constituye una crasa violación a los derechos civiles y constitucionales que le asisten al periodista y una intromisión ilegal y peligrosa con el quehacer periodístico de Puerto Rico”, según las declaraciones escritas de los abogados de los querellados Hugo Rodríguez Díaz y Alejandro Suárez Vincenty.

“Ningún miembro de la Policía de Puerto Rico está facultado para, so color de autoridad pública en el descargo de sus funciones, ordenar a miembros de la prensa eliminar artículos periodísticos y a publicar notas aclaratorias bajo amenaza de arresto y uso de la fuerza”, agregaron.

En el comunicado también se censuró el proceder del secretario de la Gobernación y de la secretaria de Prensa, Yennifer Álvarez, quienes estuvieron presentes en el centro de comando del gobierno esa noche. Se alega que Villafañe se limitó a afirmar que “es ella la que te está presionando”, mientras que Alvarez le dijo al periodista que cuando la teniente amenazó con su arresto “era molestando”.

Ante estos hechos,, señaló que ninguna violación a la libertad de prensa pasará por desapercibida ni debe ser excusada por parte del gobierno.  

“Ningún funcionario de gobierno  tiene la autoridad de decidir qué se publica y qué no. Mucho menos para sacar una nota de circulación bajo amenaza de arrestar al periodista. La teniente utilizó su poder para intimidar al colega, lo que representa un inaceptable ataque frontal a la libertad de prensa. Lamentablemente, los oficiales gubernamentales actuaron de cómplices, en lugar de condenar estos actos y tomar las acciones pertinentes”, expuso  la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.