Un doble discurso por parte del gobierno en cuanto a las transformaciones que pretenden realizar con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así lo criticó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.

El líder sindical alega que el plan fiscal de la corporación pública -revisado por el gobierno de Ricardo Rosselló- incluye la posibilidad de “implantar un cargo a las familias que se muevan de la energía de la AEE a energía renovable”.

“Lamentablemente la intensión del Gobierno es castigar a quienes busquen alternativas de energía siendo contradictorio con el discurso político que repiten”, expuso en un parte de prensa. 

Y es que Figueroa Jaramillo trae a colación los discursos que ha dado el primer mandatario del País en toda la discusión pública de la privatización de la AEE en los cuales ha asegurado que promoverá un sistema eléctrico ecoamigable.

"Se trata de la visión de un modelo de energía 2.0, donde ustedes los consumidores pueden decidir cómo se va a dar la energía", explicó el gobernador el día que firmó la ley que viabiliza la venta de la producción de energía pública.

Sin embargo, el presidente de la Utier recordó que el propio director ejecutivo de la corporación, Walter Higgins, -quien devenga un sueldo de $450,000 al año- defiende la generación de electricidad con la quema de carbón, que es el más contaminante de los combustibles.

Rosselló Nevares “contradice los objetivos de generación de energía, promoción de energía ecoamigable, y promueve el despilfarro económico, que pone en duda las intenciones de venta de la AEE, y crea mayor incertidumbre al pueblo de Puerto Rico”, indicó.

Además del sueldo de Higgins, Figueroa Jaramillo resaltó los cerca de $300 mil anuales del asesor financiero de la AEE, y la contratación de un grupo de cuatro abogados a $625 la hora.

“Una de las justificaciones de Rosselló para la privatización es la falta de dinero, sin embargo, permite, promueve y aprueba los sueldos y pagos… Claramente vemos como el Gobierno de Puerto Rico miente y se contradice para promover una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica que aumentará la factura de luz, y limitará el acceso a la energía de los puertorriqueños”, dijo.