El señalamiento se produjo durante una inspección ocular dirigida por la directora de la oficina legal del DRNA, Mildred Sotomayor Bourbón, como parte de la investigación de una querella contra Questell por construir sin autorización en los bienes de dominio público.

Questell, a través de su corporación Aquamak, es dueño de un predio de terreno en el barrio Playa, donde ubican una marina y el comité local del Partido Nuevo Progresista (PNP) que él preside.    

La licenciada Sotomayor confirmó a Primera Hora que Questell tiene que solicitarle al DRNA concesiones (autorizaciones) para usar un muelle, una rampa para pescadores y una plazoleta de madera ubicados en el área de la marina, así como una plazoleta y dos verjas de madera del comité político.

 Todo eso está encima de la ZMT propiamente o de la servidumbre de vigilancia del litoral, donde tampoco se puede construir.

La solicitud de concesión  no implica que la agencia le autorizará el uso en la ZMT, por lo que la demolición de estructuras dependerá de lo que finalmente se apruebe, advirtió Sotomayor. Además, el que le aprueben concesiones no lo eximirá del pago de multas.

“Las multas van, eso de que él radique las concesiones y con eso se legalizó, no. El abogado de él (Francisco Medina) tiene que asumir formalmente su representación legal, tienen que solicitar las concesiones y luego nos sentamos a hablar de la querella por corte de mangle, que lo tiene que rehabilitar, y de las multas”, explicó Sotomayor.

En la querella figuraba también un gazebo que está dentro de la marina y parcialmente ubicado sobre la servidumbre de vigilancia del litoral. Sin embargo, el DRNA ya no intervendrá ahí  porque  esa estructura se encuentra en un procedimiento de “cumplimiento con requisitos ambientales“"” ante la Oficina de Gerencia de Permisos, según el licenciado Medina.  

 Disputa por las concesiones

La querella actual contra Questell se basa en dos querellas anteriores que se canalizaron mediante acuerdos transaccionales en el 2012. Entonces, la agencia no lo multó, sino que le ordenó presentar un  deslinde y solicitar concesiones para el uso de las estructuras que quedaran dentro de la ZMT. Questell cumplió con el deslinde, pero no solicitó las concesiones y, en su lugar, siguió construyendo sin permiso. 

Su argumento es que el DRNA nunca le confirmó el hallazgo de estructuras en bienes de dominio público. La licenciada Sotomayor, por su parte, aseguró que la agencia no tenía que confirmarle el dato porque era “evidente” que construyó sobre la ZMT.

  No obstante, no fue hasta el pasado 27 de abril, un día antes de la primera vista de este caso, que el DRNA emitió la certificación de deslinde, donde la secretaria de la agencia, Carmen Guerrero, certifica su corrección.

 “La solicitud de concesión depende de que se haya aprobado el plano de deslinde, que lo vinieron a firmar hace dos semanas”, planteó el licenciado Medina para justificar el proceder de su cliente.