A pesar de que, hace más de dos décadas en Puerto Rico existe legislación para promover el reciclaje y reducir la acumulación de desperdicios sólidos, una investigación que conduce el Senado reveló este miércoles altos niveles de incumplimiento con esa política pública y pobre fiscalización por parte de las entidades encargadas de hacer valer la ley.

La Comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales, que preside el senador popular Cirilo Tirado, examina la implementación de la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos” (Ley 70-1992) ante datos que señalan que, aunque la intención legislativa era lograr que en la Isla se reciclara cerca del 35% de los residuos sólidos, la cifra apenas ronda el 11.3%.

“A pesar de la inversión a los programas de reciclaje, por la carencia de recursos humanos y fiscales para darle seguimiento, no hemos alcanzado la meta prevista de un 35% de reciclaje, así como la reducción y reutilización de residuos”, reconoció Aniano Rivera, director ejecutivo interino de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), durante una vista pública.

“Ni el sector privado ni el gubernamental han cumplido con el establecimiento de planes de reciclaje y separación de residuos en su origen. Las tasas de reciclaje son sumamente bajas, y no hemos cumplido con las metas impuestas por la legislación”, abundó el funcionario.

Mencionó que, a principios del cuatrienio, casi la mitad de los municipios incumplían con el referido estatuto al no tener planes de reciclaje ni someter ante la ADS los informes trimestrales que les requiere la ley sobre el acopio de materiales reciclables en sus respectivas jurisdicciones.

De igual forma, cerca del 70% de las agencias públicas no cumplía con las obligaciones que les impuso la misma ley, y ante ese cuadro, el gobernador Alejandro García Padilla aprobó el año pasado una Orden Ejecutiva que instruyó a todas las entidades públicas a establecer programas de reciclaje efectivos. Según el titular de la ADS, esa directriz consiguió que la tasa de cumplimiento aumentara de 30% a 65% en un año.

Rivera dijo que la ADS carece de información estadística sobre el nivel de cumplimiento en el sector privado, e indicó que actualmente trabajan en la implantación de un programa electrónico para radicar los documentos trimestrales que exige la ley con el fin de mejorar la fiscalización y optimizar las estrategias de planificación para el desarrollo de mercados de reciclaje dentro y fuera del País.

En su exposición, el director ejecutivo interino de la ADS señaló que el año pasado se percataron que, desde el 2006, los informes trimestrales no eran evaluados ni considerados, y dijo que aunque la Ley 70-1992 dispone para la imposición de multas por violentar su articulado, nunca se instaron acciones ni querellas por el incumplimiento.

“Ignoramos cuál, si alguno, fue el fundamento para ello”, acotó.

Rivera admitió que la ADS no tiene recursos suficientes para fiscalizar adecuadamente, pues su División Legal sólo cuenta con un abogado.

“La fiscalización adecuada a los incumplimientos con la ley también redundaría en la modificación de conducta necesaria para el desarrollo de la cultura de reciclaje”, subrayó.