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Para denunciar estas prácticas, que en el informe de AI aparecen recurrentemente en varios países, se eligió Peñuelas para hacer la rueda de prensa, explicó Burgos. ([email protected])  
Informe incluye a Puerto Rico por discriminación hacia las personas transgénero y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Peñuelas. El capítulo local de Amnistía Internacional (AIPR) divulgó hoy el informe La situación de los derechos en el mundo, correspondiente al año 2016-2017, que incluye a Puerto Rico por discriminación hacia las personas transgénero, uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y por los efectos negativos que las medidas de austeridad tendrán en la población más vulnerable.

Desde el Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, los directivos de esta organización en Puerto Rico hicieron un llamado a continuar denunciando las injusticias promovidas y permitidas por el Estado, a hacer desobediencia civil y resistir. El campamento es el epicentro desde donde se gesta la lucha de la comunidad de Tallaboa Encarnación contra las cenizas tóxicas, jornada que ha conllevado arrestos y denuncias de represión.

Aunque este informe no menciona que en Puerto Rico se criminaliza la protesta, en la práctica eso es lo que ha estado sucediendo, advirtió Osvaldo Burgos, presidente de la Junta de Directores de AIPR. Primero, la pasada administración ordenó arrestos y radicación de denuncias contra manifestantes en Peñuelas, y más recientemente este gobierno enmendó el Código Penal para revivir la llamada Ley Tito Kayak, además de tomar otras medidas que buscan disuadir las protestas.

Para denunciar estas prácticas, que en el informe de AI aparecen recurrentemente en varios países, se eligió Peñuelas para hacer la rueda de prensa, explicó Burgos.

“El Estado con su maquinaria, en vez de proteger a la ciudadanía, protege a la empresa privada”, afirmó Burgos, al precisar que se usa a la Policía para efectuar arrestos y disolver manifestaciones en beneficio de un fin privado.

“En lugar del Estado proteger su derecho a la libertad de expresión y a la protesta, ustedes han visto cómo han sido arrestados”, agregó el activista ante una veintena de peñolanos que integran el campamento.

La directora ejecutiva de AIPR, Liza Gallardo, indicó que “para detener la represión estatal tenemos que mantenernos unidos y unidas, por eso seleccionados este campamento para presentar este informe”.

“El llamado es a la movilización, a la resistencia, a hacer valer los derechos humanos. La exigencia al Estado y a los terceros actores, estas entidades que no son del Estado pero que son violadoras de los derechos humanos, resistirlo. Obviamente, la denuncia pública y la protesta como un ejercicio legítimo de libertad de expresión y no abandonar los espacios de lucha”, exhortó Burgos.

Qué dice el informe

En el informe se establece que en Puerto Rico ha habido avances en los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Sin embargo, dice que todavía se cometen violaciones de derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas transgénero; que aunque se puede cambiar el género en los documentos de identidad del Estado ha habido incidentes de discriminación; y que se han hostigado y discriminado estudiantes de la comunidad LGBTI o percibidos como tal, incluyendo expulsiones por no llevar el uniforme o tener un corte de pelo “acorde a su sexo biológico”.

También se menciona que la reforma de la Policía de Puerto Rico, ordenada y supervisada por el gobierno estadounidense, no ha conseguido los cambios propuestos, que adolece de falta de transparencia y de participación de la sociedad civil.

“Las organizaciones de la sociedad civil siguieron denunciando un uso excesivo de la fuerza y amenazas de muerte por parte de la policía, así como el uso excesivo de armas de electrochoque, incluso contra personas con problemas de salud mental o contra quienes desobedecían las ordenes de la policía”, lee el informe.

Además, se indica que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), un estatuto federa que impuso la Junta de Control Fiscal sobre el gobierno local, “suscitó honda preocupación por sus posibles repercusiones en los derechos económicos, sociales y culturales, en particular para los grupos más vulnerables de la sociedad”.

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