El abuso sexual de menores en Puerto Rico es un mal social que ocupa y reta frecuentemente a los profesionales que trabajan con estos casos desde que surge la sospecha del maltrato hasta que se da su resolución en los tribunales del país.

Esta realidad fue expuesta ayer durante la conferencia anual del Proyecto Justicia para la Niñez, de la Oficina de Administración de los Tribunales, en la que bajo el tema Una mirada en el manejo de los casos de abuso sexual de menores, se adiestró a un grupo de interdisciplinario de  profesionales.  

 “Los casos de abuso sexual es un asunto que se ve en los tribunales con bastante frecuencia… No es un secreto que los menores realmente están expuestos a que le suceda en sus comunidades”, compartió a este medio el licenciado Eric  Martínez Pagán, abogado del Departamento de la Familia.

El año pasado, según estadísticas del Departamento de la Familia, 562 menores de edad fueron referidos por la agencia a los  seis Centros Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS),  uno de los logros alcanzados en el sistema de justicia a favor de esta población. Pero esto no incluye casos que permanecen en la invisibilidad debido al  silencio en el que se mantiene este maltrato. 

“A veces percibo que son muchos los casos que hay y pocos los recursos disponibles para atenderlos, y entonces esto limita el proceso en el tribunal que es uno de los retos que hay, estos casos pueden tardar un año o dos años en lo que se puede celebrar la vista en su fondo…Eso es una barbaridad”, opinó  Miguel  Cancio, juez superior de Relaciones de Familia del Centro Judicial de San Juan, durante su turno en el panel Retos en el manejo de los casos de abuso sexual.

  Mientras, la doctora Linda Laras, de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, dijo que el abuso sexual en menores de edad “es una emergencia nacional que desde la perspectiva de salud tenemos que trabajar más porque todo el mundo va a un médico, todos los menores por ley tienen que ir a los médicos, pero no somos los más que estamos reportando los casos y eso quiere decir que no estamos buscando o haciendo las preguntas, estamos esperando que nos lo digan los menores”. 

Una vez inicia el proceso que desataca una sospecha de abuso sexual, los profesionales en las agencias y los tribunales se enfrentan a una variedad de retos para garantizar el bienestar del menor;  estos incluyen la necesidad de conocimiento especializado, la calidad de la prueba pericial,  la disponibilidad de servicios, la entrega a tiempo de evaluaciones e incluso la pobreza y el desespero de los clientes, por ejemplo, de  madres o padres no abusadores que quieren tener acceso al menor.