El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, jueves, un proyecto para crear la Ley de Manejo de Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las instituciones escolares públicas y privadas de Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 1326, presentado por petición por el presidente del cuerpo, Eduardo Bhatia, busca establecer el protocolo a seguir en los centros de educación para atender y garantizar acomodo razonable a los estudiantes que son pacientes de esta condición. 

Además, pretende establecer la política pública de prohibir el discrimen contra los alumnos con diabetes tipo 1 y tipo 2. 

De acuerdo con información suministrada por el Senado, estudios realizados por especialistas en administración de salud apuntan a que en 2014, más de 7,500 niños habían sido diagnosticados con diabetes. De igual forma, el Departamento de Educación identificó estudiantes pacientes de esta condición en unas 700 escuelas de la Isla durante el pasado año escolar.

La legislación establece que todas las instituciones deben contar con personal adiestrado en el manejo de diabetes para que puedan ejecutar el Plan Escolar de Manejo de Diabetes, que a su vez estará regido por el Plan Médico de Diabetes.

La presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado, Mari Tere González, quien dirigió las vistas públicas sobre este proyecto, llamó la atención durante la discusión de la medida en el hemiciclo sobre la gran cantidad de diabéticos en Puerto Rico, que se refleja en 18 diagnósticos por cada 10,000 habitantes, ocupando el país el octavo lugar en el mundo con mayor incidencia. 

“Esta medida es clara y precisa atendiendo lo que no existe al día de hoy en las escuelas. No ha habido protocolo. Y los estudiantes, en vistas públicas, dieron testimonio de los vejámenes y hasta del discrimen para que no se inyectaran en el momento que tenían que inyectarse la insulina o ingerir alimentos en el momento que lo requerían”, apuntó la senadora. 

También se aprobaron las resoluciones del Senado 1002 y 1212. La primera ordena a las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura a realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un plan comercial a gran escala de siembra de arroz, mientras que la segunda que instruye a la Comisión de Derechos Civiles a emprender una investigación sobre los derechos humanos de todos los ciudadanos que residen en Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio.