Aumentan los que cuestionan cateos en Fiestas de la Calle San Sebastián

Por Istra Pacheco 01/14/2014 |00:00 a.m.
Las Fiestas de la Calle San Sebastián se celebrarán desde el jueves 16 al domingo 19 de enero en el Viejo San Juan. (Archivo)  
Expertos entienden que es un mal precedente, no garantiza la seguridad, ni evita actos de violencia.

¿Prevención o violación de derechos?

A medida que se acercan las Fiestas de la Calle San Sebastián, surgen más voces cuestionando el plan de seguridad de “100% cateos” para todo el que quiera entrar al Viejo San Juan.

Expertos en derechos civiles entienden que esa medida levanta un mal precedente, no garantiza la seguridad, ni evita actos de violencia.

El director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) William Ramírez, dijo que esa entidad rechaza los registros y le hizo un llamado a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz a que desista.

Según Ramírez, cuando un gobierno somete a los ciudadanos a un registro debe tener motivos fundados, de lo contrario estaría violentando la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y su equivalente en la Carta de Derechos de Puerto Rico.

“La ACLU vehementemente rechaza todo intento de gobierno de controlar la ciudadanía con medidas antidemocráticas y violatorias de los más básicos principios de libertades civiles y derechos humanos fundamentales.  Hacemos un llamado al gobierno de San Juan a que recapacite y reevalúe su plan de seguridad y que desista de implementarlo”, afirmó en comunicado de prensa.

“Se está abriendo una puerta muy peligrosa que será emulada por gobiernos que entrarán en el futuro a expandir, no nuestros derechos humanos, sino el control gubernamental sobre el Pueblo”, agregó.

Por su parte, Palmira Ríos, ex directora de la Comisión de Derechos Civiles y catedrática en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico,  también pidió revisar el plan, ya que los cateos pueden  violentar el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas.

Como alternativa, en todo caso, se debe garantizar que no se hagan registros discriminatorios y que haya presencia de observadores calificados en derechos civiles que puedan mediar si surgen problemas, indicó.

“No pueden ser registros solo contra personas de cierto perfil como jóvenes varones, o personas vestidas de cierta forma. Y cuando haya cientos y miles de personas en fila para entrar, tienes una situación apta para los enojos. Entonces las autoridades  puede que no sean tan rigurosos, excepto con cierto sector y eso es un problema”, explicó.

Ríos dijo que limitar los accesos en lugares públicos donde hay una expectativa de libre movimiento,  “es sacrificar los derechos civiles para una seguridad que nadie la garantiza” y recordó que  tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos se comenzaron a aprobar leyes, “que ahora es que estamos viendo la intromisión tan excesiva a los ciudadanos y hasta jefes de estado”.

“La gente no vio mal nada, pero sus derechos fueron violentados de manera dramática y Estados Unidos no está más seguro hoy. Limitar los derechos no fortalece la democracia, todo lo contrario debilita y crea una base para gobiernos dictatoriales. La experiencia histórica nos dice que la seguridad no necesariamente se fortalece además de que se abre la puerta para acciones similares cada vez mayores”, expresó.

“Vamos a atender las causas de la violencia en el país, eso es lo importante, ir a la raíz de la violencia y mirar otras cosas más allá de esas intervenciones excesivas”, dijo.

Mientras, la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén llamó la atención a que hasta el momento no se ha divulgado un protocolo para intervenir con las personas y aseguró que hay muchas alternativas “más creativas” para evitar problemas.

Rivera Lassén indicó que parece haber mucha discreción a la hora de hacer los registros y encima se da por hecho que el problema viene de afuera y no se preveé que sin importar los cateos puede haber gente dentro del Viejo San Juan desde antes con armas, que es una de las cosas que se pretende erradicar.

“Lo que se ha anunciado crea muchas dudas constitucionales, definitivamente… es un gran problema cuando en vías de la seguridad le pedimos al público que renuncie a sus derechos y la primera impresión que tengo es de malestar”, manifestó.

Indicó que es peligroso asignar gente sin preparación ni entrenamiento para trabajar situaciones con potencial volátil y sin conocimientos sobre derechos civiles para que estén a cargo de los registros, pero precisamente, como no se ha especificado cuál será el protocolo de acción, no se sabe si ése será el caso.

Proveer mayores alternativas para que la gente pueda ir saliendo del Viejo San Juan, escalonar la hora de cierre de los negocios, son algunas opciones para evitar conflictos como en años anteriores, dijo. Asimismo, hay que recordarle a la gente que es responsabilidad de cada uno y no del gobierno cumplir con las leyes y las normas de comportamiento, pero eso se debe destacar todo el año.

Al igual que Ríos, Rivera Lassén propuso que a largo plazo se tiene que trabajar para erradicar la violencia desde otras perspectivas que no son las de restringir derechos.